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A punto de iniciar el juicio en su contra el coronel en retiro Juan Carlos Figueroa, excomandante del frente del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa en Valledupar (Cesar) entre enero de 2004 y julio de 2005, aceptó ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) aceptó su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe
Con esta decisión el oficial retirado ya no enfrentará un juicio adversarial y ahora seguirá la ruta prevista para el reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa, el próximo 24 de marzo y, posteriormente, la imposición de una Sanción Alternativa, que implica entre 5 y 8 años de privación de la libertad.
Durante la instalación de la audiencia, el magistrado Raúl Sánchez le preguntó si aceptaba o no responsabilidad. El coronel retirado respondió: “Sí, honorable magistrado, acepto responsabilidad por omisión, por no saber que las operaciones que ordené, a la luz de la Constitución Nacional y de las leyes de Colombia, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”.
Tras haber negado en una primera fase del proceso toda su responsabilidad como máximo responsable de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe, la Unidad de Investigación y Acusación lo acusó por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La acusación en su contra fue presentada ante los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, por 24 hechos criminales que dejaron al menos 38 personas asesinadas, de las cuales 11 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.
El coronel Figueroa Suárez comandó en su momento el Batallón de Artillería N.º 2 ‘La Popa’, tras relevar en el cargo al también coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien, tras no reconocer responsabilidad y ser hallado culpable, fue condenado a 20 años de cárcel por la JEP.
Por estos mismos hechos, la JEP ya emitió una sentencia de ocho años contra 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad; como parte de la sanción, deberán realizar trabajos en favor de las víctimas.
¿Quiénes eran las víctimas?
En desarrollo de las investigaciones se estableció por parte de los magistrados que la mayoría de las víctimas fueron civiles indefensos.
Varias de las víctimas que fueron identificadas en el marco del maco se encontraban en condición de vulnerabilidad y al menos una tenía una discapacidad mental.
La investigación también estableció que algunos de los hechos ocurrieron fuera del área de jurisdicción del Batallón ‘La Popa’, desde donde se habría trasladado a víctimas reclutadas en distintos puntos de la Costa Caribe.
Asimismo, durante ese periodo se registraron prácticas de estigmatización por parte de integrantes de esa unidad contra los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo
