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Según la Procuraduría, desde hace varios meses empezaron a recibir las quejas y denuncias por el robo de los dineros destinados a la paz.
Hasta el momento, el resultado de las indagaciones que iniciaron hace más de dos meses es dos investigaciones disciplinarias y diez indagaciones, que según la Procuraduría son reservadas y no informaron los nombres de los investigados.
El escándalo se desató en los últimos días por presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos para recibir recursos de regalías, por medio del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad Paz), los cuales contribuirían a la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Supuestamente, funcionarios de diferentes entidades del Gobierno, incluso algunos congresistas estarían cobrando comisiones hasta de 12% para que algunos de estos proyectos tuvieran visto bueno.
La Procuraduría informó que hay 24 actuaciones disciplinarias activas en el marco del análisis a 27 proyectos de inversión aprobados por el Ocad-Paz, a cargo de la Alta Consejería en su momento por Emilio Archila.
Esos proyectos son por más de 437.000 millones de pesos, en los que se “observó riesgo y presuntas irregularidades en su ejecución que dieron lugar a diez indagaciones y dos investigaciones” que están a cargo del Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías.
La Procuraduría también informó que avanza en 12 actuaciones disciplinarias, tras los hallazgos de la Contraloría sobre presuntas irregularidades en el manejo de esos recursos de las regalías y en la ejecución de los proyectos que aprobó el OCAD-PAZ.
Según la Procuraduría, en las irregularidades estarían funcionarios del Fondo Colombia Paz, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia de Renovación del Territorio y el Ministerio de Educación.
También habría funcionarios implicados de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las gobernaciones de Cauca y Caquetá, y de las administraciones municipales de Fonseca y Urumita en La Guajira.
“La Procuraduría realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del SGR en proyectos”, dijo la Procuraduria en un comunicado.
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