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Según la investigación, los asegurados habrían ultimado a Orlando Fernández Borrai y a Liber Sergio Ariza porque supuestamente atacaron a una tropa del Ejército, cuando realizaba operaciones de registro y control de área. Sin embargo, la Fiscalía estableció que las víctimas eran agricultores de la región.
Los detenidos eran orgánicos del Batallón 21 Vargas, con sede en el municipio de Granada (Meta), para la fecha de los hechos.
Investigadores del CTI, adscritos a la Unidad de Derechos Humanos y DIH Meta, materializaron la captura de Miguel Ángel Acevedo Meche, en el municipio de Guamal; así como la de Edwin Fabián Ávila Castillo y Diógenes Sua Ariza, en Villavicencio (Meta), quienes para la fecha eran soldados profesionales, de esa unidad militar.
Por ser miembros activos del Ejército Nacional, la captura de las otras 6 personas fue coordinada en la capital del país. Es así como se materializó la medida de aseguramiento en contra del teniente coronel Johan Fernando Martínez Jiménez, quien fue enviado a la guarnición militar de Facatativá; del sargento segundo Juan Gabriel Ávila Suarez y de los soldados profesionales Fabio Sandoval Hurtado, Salvador Antonio Albarracín Rincón, Hoyner Valencia Vega y Carlos Augusto Gómez Alfaro, los cuales fueron trasladados a un centro de reclusión militar ubicado en Tauramena (Casanare).
