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Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá ratificaron la condena de 10 años de prisión impuesta a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona, por el escándalo de corrupción denominado el Carrusel de Contratos.
En la sentencia, el Tribunal también le impuso a la prófuga exfuncionaria una inhabilidad para el el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa superior a los 109 salarios mínimos mensuales legales vigentes en atención a los hechos investigados.
Teniendo en cuenta las pruebas presentadas por la Fiscalía y la acusación realizada, quedó en firme el fallo del 15 de febrero de 2021 por el Juzgado 38 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y se le encontró culpable a Pardo Gaona del delito de cohecho propio en concurso homogéneo.
No obstante, los magistrados dejaron en claro que contra esta sentencia procede el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, conforme al trámite establecido en la ley.
En este caso quedó probada la existencia de una organización que desplegaba actos irregulares con el objeto de manipular la contratación de obras públicas de Bogotá entre los años 2008 y 2009, conformada, entre otros, por Mauricio Galofre Amín, Emilio Tapia y Miguel Nule este último, quien actuaba a nombre de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas.
“La organización también estaba compuesta por miembros de la administración distrital, específicamente del IDU, como Liliana Pardo Gaona e Inocencio Meléndez siendo intermediario entre ambas partes Julio Gómez”, señala la sentencia.
Así mismo, se estableció que “Liliana Pardo valiéndose de su cargo, manipuló la contratación en favor de terceros, que no necesariamente estaban articulados con las necesidades de la ciudadanía, lo que ocasionó no solo la afectación a las arcas distritales por la pérdida de recursos y la adición presupuestal que acarrearon los hechos de corrupción en los que participó, sino que obligó a los ciudadanos a esperar años por obras que debieron haberse realizado de forma diligente”.
Pardo Gaona, permanece prófuga de la justicia luego de que una jueza la dejara en libertad por vencimiento de términos, advirtiéndole que era obligatorio que acudiera sin falta a cada uno de los llamados de las autoridades judiciales.
Esta condena se suma a la de 19 años de prisión que ratificó la Corte Suprema de Justicia en contra de Pardo por favorecer a un grupo de contratistas que también desviaron y se apropiaron de millonarios recursos públicos de la fase tres de TransMilenio por la calle 26, en el occidente de la capital del país.
