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Un oficial del Ejército Nacional fue condenado por los delitos de desobediencia y falsedad ideológica en documento público, tras comprobarse irregularidades en el cumplimiento de una operación militar en el departamento del Vichada.
De acuerdo con la información oficial, entregada por la Fiscalía Militar y Policía, los hechos ocurrieron entre el primero y el nueve de octubre de 2025, cuando el uniformado condenado, participaba en la ejecución de la Orden de Operaciones de Acción Decisiva Estabilidad número 27, a cargo del Batallón de Ingenieros de Combate número 28.
Según las investigaciones realizadas por esa misma Fiscalía, el oficial permaneció acantonado en una institución educativa ubicada en la vereda Santa Rosalía, en el municipio de La Primavera, pese a que este tipo de instalaciones están catalogadas como zonas prohibidas para uso militar.
Además, se estableció que, sumado a ello, el uniformado reportó coordenadas falsas a sus superiores y consignó información errónea en documentos oficiales, datos que resultaban clave para el seguimiento y la planeación de los movimientos tácticos de las unidades en terreno.
Hay que recordar que este caso salió a la luz el 9 de octubre de 2025, cuando el oficial fue capturado en flagrancia dentro de la institución educativa.
Posteriormente, según explicó la Fiscalía, un juez legalizó la captura y la Fiscalía le imputó los delitos de desobediencia en concurso con falsedad ideológica en documento público.
Pena de 24 meses de prisión, tras un preacuerdo alcanzado entre las partes
Durante el proceso judicial, no se solicitó medida de aseguramiento en su contra. Sin embargo, las pruebas recolectadas por la Policía Judicial y el trabajo del Fiscal 2229 Especializado permitieron avanzar en el caso.
Finalmente, se conoció que el pasado 25 de marzo de 2026, el Juzgado 1202 Especializado emitió una sentencia condenatoria contra el oficial, imponiéndole una pena de 24 meses de prisión, tras un preacuerdo alcanzado entre las partes.
Las autoridades destacaron que esta decisión judicial reafirma el compromiso de la Fiscalía Penal Militar y Policial con el cumplimiento de la ley, así como con la preservación de la disciplina y la transparencia dentro de las Fuerzas Militares.
Este caso pone de nuevo sobre la mesa la importancia del respeto a las normas operacionales y a los principios del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en contextos donde se deben proteger espacios como instituciones educativas.
