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La Defensoría delegada para la Política Criminal, que hizo presencia en los centros de reclusión de Girón y Bucaramanga, Santander; Girardot, Cundinamarca; Cartagena, Bolívar; Bogotá; Espinal e Ibagué, Tolima; Cómbita, Boyacá; Tierralta, Córdoba y Cúcuta, Norte de Santander, estableció que de los 6.704 cupos proyectados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), apenas se entregaron 1.709, es decir el 25 por ciento.
De las 12 obras inspeccionadas por el organismo de control para los derechos humanos en Colombia, representan 4.106 cupos, de los cuales tan sólo hay 736 habilitados, lo cual equivale a un 18 por ciento de ejecución.
El organismo de control humanitario evidenció que los cupos entregados ni siquiera alcanzan para albergar la mitad de los nuevos internos que ingresaron al sistema el año pasado, cuya cifra asciende a 4.535, y que de los 12 establecimientos evaluados por la Defensoría, únicamente dos recibieron los trabajos en la fecha estipulada por los contratos.
Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo, que a la fecha registra un hacinamiento del 56 por ciento en las prisiones del país (dado que el número de internos se ubica en 121.613 frente a una capacidad para 77.953) y que sigue de cerca la situación de los establecimientos en Antioquia (donde el sindicato del Inpec anunció una operación reglamento por la falta de cupos y la crisis en salud), considera que ante el agotamiento de las instancias judiciales internas y los múltiples llamados a las autoridades competentes, existe un escenario evidente para decretar (como lo ha solicitado la Institución) una emergencia social al interior de las cárceles, o incluso el estado de cosas inconstitucional, a fin de atender esta grave problemática.
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