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Según el alto tribunal al soldado profesional, quien llevaba 8 años de prestar su servicio al Ejército, no se le pudo apartar de su cargo por estas lesiones y por el contrario, la institución militar debió analizar su caso y reubicarlo a otras dependencias de acuerdo a sus actitudes y destrezas que, en principio fueron afectadas por las lesiones.
La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, advirtió que apartar a ese soldado declarándolo inhábil para continuar con sus servicios militares constituyó en una vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la estabilidad reforzada y a la salud.
“Esta Corporación reitera que marginar de las instituciones militares a las personas que han sido calificadas con el 50% o menos de pérdida de capacidad laboral, desconoce la posibilidad de desarrollar un componente logístico, documental y de capacitación importante en esta institución y es abiertamente contrario al mandato de reintegración laboral y al debido proceso”, señala la sentencia.
La Corte Constitucional estudió el caso de este soldado profesional a quien declararon con una discapacidad laboral del 20 por ciento y por lo tanto sirvió de sustento para apartarlo de la institución militar.
No obstante, el alto tribunal falló a favor del militar y además de reintegrarlo, le ordenó al Ejército un nuevo examen para determinar su capacidad laboral y “en el evento de considerarlo no apto para la prestación del servicio militar, deberá rendirse un informe técnico en el que se especifiquen las habilidades del actor y se determine qué tipo de labores administrativas, docentes o de instrucción podrá desempeñar”.
