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El presidente Gustavo Petro ha hecho referencia en varios discursos a la propuesta de una constituyente, con lo que convocaría un diálogo político con respecto a las políticas constitucionales a nivel nacional.
Esta iniciativa podría ser revisada por la Corte Constitucional, tribunal que en 2023, emitió un auto en el establece las condiciones para que intervenga y declare medidas cautelares urgentes en casos de leyes o decisiones del Gobierno que puedan afectar los derechos fundamentales.
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"La existencia de una disposición prima facie abierta o manifiestamente inconstitucional que produce efecto irremediable o llevan a eludir el control de constitucionalidad; la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida; y, la ineficacia de los otros mecanismos de protección", dice el documento.
Para expertos en la materia, como el presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, afirmó que no es un capricho de la corte, pues establece condiciones para tomar esa decisión.
"No es un capricho el Tribunal de Cierre. Evidentemente nos señala que procede la suspensión pero fija unas reglas claras y concretas. (...) Esto con el objeto de garantizar la protección de la Constitución, sus principios, reglas y valores que no es otra cosa distinta que es garantizar y efectivizar los derechos de las personas residentes en Colombia", afirmó Herrera.
Para el abogado Juan Manuel Castellanos, la determinación de la corte puede ser fundamental, debido a que es la manera de que ese tribunal quite los efectos de la decisión de manera anticipada.
"Es muy importante determinación de la Corte Constitucional posee un efecto directo en defensa de la Constitución y de la legalidad e implica que al mismo momento de conocer inicialmente un acto de aquellos de los que conoce la Corte Constitucional pueda entonces de manera anticipada y previa mediante una suspensión quitarle cualquier efecto", afirmó el litigante.
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El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, pidió no anticiparse ante las posibles decisiones que tome el Gobierno, debido a que es un tema que, en caso de que se haga realidad, tendría el control automático de los magistrados para ser discutido.
