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Varios partidos políticos se pronunciaron luego de que el procurador General, Fernando Carrillo, reconociera que en el pasado tuvo un vínculo contractual con el Grupo Aval, empresa que está hoy salpicada dentro del escándalo de Odebrecht.
Algunos afirmaron que dicho contrato, relacionado con la construcción de un centro comercial, no le impediría continuar adelantando las investigaciones por este escándalo de corrupción, mientras que otros señalaron que lo mejor es hacerse a un lado para garantizar total transparencia.
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El senador liberal Miguel Ángel Pinto dijo que “no son temas de asesorías en lo que tiene que ver con las concesiones hechas por Odebrecht, en la alianza hecha del Grupo Aval con esta empresa y por tanto son temas al margen que no lo inhabilitan, ni le impiden seguir actuando como Procurador General”.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano aseguró que sería muy grave que el caso Odebrecht hubiese tocado también al jefe del Ministerio Público.
“Lamentable porque en febrero del 2017 Claudia López y Jorge Robledo le pidieron por escrito intervenir y adelantar acciones activas y acuciosas para defender el patrimonio público y él dijo que no, que por ahora no y miró para otro lado”, manifestó.
El senador Roy Barreras habló de la necesidad de regular los conflictos de interés para evitar que las investigaciones de los órganos de control se entorpezcan.
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“Eso es infortunado, nada tiene que ver con los hechos de corrupción de Odebrecht, pero en todo caso si habla de que hay una puerta giratoria permanentemente abierta de funcionarios que son ministros, contralores, magistrados y que terminan al servicio de los intereses económicos de los grandes pulpos del sector privado, hay que cerrar esa puerta giratoria porque se pierde credibilidad”, indicó.
El hoy procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, señaló que dicho contrato no le impide continuar las investigaciones por el caso Odebrecht.
