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El juez 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá avaló la aceptación de cargos que hizo el empresario Carlos Mattos, sobre los sobornos a jueces y funcionarios de la Rama Judicial para resultar favorecido en medio de un litigio con el que pretendía conservar los derechos para vender los vehículos de la marca Hyundai en Colombia.
Mattos reconoció su responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático agravado, al haber admitido que pagó coimas a jueces de la República y a funcionarios de los juzgados para que que se impusieran medidas cautelares dentro de una acción de tutela que había interpuesto para seguir al frente del negocio de los vehículos de la firma coreana.
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Durante su exposición el juez destacó que la aceptación de cargos fue libre, consiente y voluntaria, por lo que Mattos comprendía las consecuencias de su reconocimiento.
El fiscal Álvaro Betancur solicitó que se imponga una condena que oscila entre los 96 y 114 meses de prisión es decir 8 y 12 años, sin embargo Mattos podría recibir una rebaja de la sexta parte de la condena, es decir la pena sería de 95 meses (7 años y 9 meses de prisión).
Debido a la gravedad de los delitos Mattos no tendrá beneficios como la prisión domiciliaria o libertad condicional.
Entre tanto, los representantes de la Rama Judicial considerada como víctima dentro del escándalo de corrupción, solicitaron que se imponga la pena más alta teniendo en cuenta que Mattos salió del país, dilató el proceso y no planteó una efectiva reparación económica.
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Entre tanto, el procurador delegado Henry Bustos pidió que se "emita una pena ejemplarizante" contra Mattos para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a presentar.
“El juez de la República, a quien no mencionó porque está amparado por el principio de inocencia, emitió una decisión que dañó inconmensurable a la administración de justicia. No todo tiene precio, mucho menos una decisión judicial (...)”, dijo el delegado de la Procuraduría.
Además agregó que, "se envíe un mensaje claro para la sociedad, señalando la gravedad del delito e imponiendo una pena que corresponda al comportamiento, gravedad y daño de esa acción”.
Mientras avanzaba la audiencia y estaba interviniendo el abogado defensor del procesado, Omar Juan Carlos Suárez desde la cárcel de Cómbita en Boyacá, Mattos quien permanecía a su lado se retiró de la sala en la que se desarrollaba de manera virtual la diligencia.
Debido a esto, el juez preguntó qué ocurrió y uno de los guardias del Inpec le respondió: "parece que se alteró y se fue".
Sin embargo, 15 minutos después la diligencia continuó normalmente.
