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El exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, radicó una acción de tutela con la que busca su traslado inmediato a una guarnición militar. Esto al considerar que su vida e integridad personal están en grave riesgo si es llevado a una cárcel común.
En la acción judicial se pide la protección a los derechos fundamentales al debido proceso, administración de justicia, integridad personal y a la vida. Esto al considerar que su testimonio ha sido clave para revelar detalles del escándalo del ‘cartel de la toga’.
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Debido a esto indica que esta colaboración con las autoridades colombianas debe ser tenida en cuenta a la hora de proteger su vida puesto que es uno de los principales testigos de este caso que ha salpicado a exmagistrados de las altas cortes, congresistas y funcionarios públicos.
Por esto, indica Moreno, su integridad personal está en riesgo puesto que ya ha recibido muchas amenazas, las cuales han aumentado desde que regresó deportado de los Estados Unidos el pasado 4 de diciembre.
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El exfiscal anticorrupción reclama la actitud del director del Instituto Penitenciario y Carcelario, general Norberto Mujica, así como la del director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, quienes negaron su traslado a Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá.
Moreno recalca que ha colaborado con las autoridades en el marco del principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía General, y además ha sido testigo en investigaciones penales en contra de varios exmagistrados y excongresistas.
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Reseña que al ser Cespo una guarnición militar se le brindan más garantías a su seguridad, puesto que en las cárceles están algunas personas que fueron cobijadas con medida de aseguramiento teniendo en cuenta las declaraciones que él rindió.
Igualmente, manifiesta que en Cespo se encuentran actualmente muchas personas privadas de su libertad, entre ellos el exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez (condenado por el crimen de Luis Carlos Galán), por lo que no entiende la respuesta del Inpec y la Policía Nacional.
Moreno cumple una condena de seis años de prisión tras reconocer su responsabilidad en tres delitos por el ‘cartel de la toga’.
