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Fuentes de la Procuraduría confirmaron a LA FM que un equipo élite del organismo visitó de nuevo las instalaciones del Batallón del Ejército, ubicado en Facatativa, para inspeccionar la dirección de ciberinteligencia en donde, según denuncias de la revista Semana, se harían interceptaciones ilegales a políticos, periodistas y magistrados.
Las inspecciones se desprenden de una investigación que abrió el Ministerio Público contra funcionarios del Ejército, para determinar responsabilidades disciplinarias.
El 18 de diciembre el equipo de la Procuraduría acompañó las primeras inspecciones al Batallón, que se adelantaron por orden de la Corte Suprema de Justicia, en medio de una investigación que tiene relación con las interceptaciones ilegales que realizó Andrés Fernando Sepúlveda, conocido como el hacker Sepúlveda, y que adelanta la magistrada Cristina Lombana.
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Esas interceptaciones ilegales fueron encaminadas a entorpecer el proceso de paz e interceptar ilegalmente las conversaciones de los negociadores de la Habana que se habrían cumplido desde la 'Sala Andromeda’.
La Procuraduría se quedó con copia de las pruebas que allí se recaudaron; sin embargo, los investigadores decidieron recopilar más evidencia para fortalecer la investigación disciplinaria.
“Fuimos solicitados por la justicia. Recibimos una orden para acompañar a la Corte e independientemente de eso iniciamos una investigación de carácter disciplinario. Ya tenemos la competencia disciplinaria y estamos recogiendo pruebas. Es una investigación que tiene que caracterizarse por una máxima responsabilidad", sostuvo.
El procurador Carrillo indicó además que "las denuncias de la revista Semana son delicadas y por ende la actuación de la Procuraduría debe ser responsable y detenida”.
En la diligencia de allanamiento, que se desarrolló en diciembre, se recogieron memorias USB, teléfonos celulares, computadores, documentos, entre otros, que también son analizados en el laboratorio de informática forense de la Procuraduría.
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Esa investigación fue reactivada por la sala de instrucción de primera instancia de la Corte, pero el caso llegó al Alto Tribunal en el 2015, al despacho del entonces magistrado José Luis Barceló, quien en su momento escuchó en versión libre al expresidente Uribe.
Sepúlveda fue condenado a diez años de prisión, tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía, por los delitos acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso agravado, concierto para delinquir agravado y violación de datos personales agravado.
En dicho preacuerdo, el hacker se comprometió a contar la verdad sobre esas chuzadas. En sus declaraciones, salpicó al expresidente, de quien dijo que supuestamente conocía el funcionamiento de la 'Sala Andrómeda’ y que su trabajo también consistió en desprestigiar el gobierno de Juan Manuel Santos y el proceso de paz con las Farc.
Altas fuentes de la Corte Suprema confirmaron que esa investigación no tiene relación con lo revelado por la revista Semana, que aseguró que existe un nuevo capítulo de chuzadas a magistrados, periodistas y políticos, el cual la magistrada Lombana era víctima, un hecho que habría llevado a la salida del general Nicacio Martínez, aunque el Gobierno asegura que fue por razones personales.
