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Las víctimas del caso contra los directivos Chiquita Brands condenados por financiar el paramilitarismo evalúan nuevas acciones judiciales en Colombia y en el exterior, con el fin de buscar que se haga efectiva una reparación integral por los crímenes de que fueron objeto debido a esta alianza delictiva.
El abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, señaló que la multa cercana a las 14.000 millones de pesos impuesta en la condena de 11 años y tres meses contra siete directivos de la multinacional Bananera, son recursos que tienen como destino el Consejo Superior de la Judicatura para el fortalecimiento de la administración de justicia, pero no se constituye en una reparación directa para las víctimas.
Ante ello, indicó que la representación civil esta estudiando jurídicamente la posibilidad para que esos recursos que hoy se destinan en la multa para el Consejo Superior de la Judicatura, lleguen de manera efectiva a manos de las víctimas.
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Así mismo, sostuvo que frente a los dineros en Estados Unidos, han insistido en que el Gobierno debe adelantar con una acción diplomática ante las autoridades de ese país y ante la propia Chiquita Brands para que se indemnice a las víctimas causadas con la financiación que ellos hicieron a los grupos paramilitares.
De acuerdo con Vega este apoyo irregular facilitó al paramilitarismo la adquisición de armamento, como lo fue la compra de 5.000 fusiles a través del puerto de Zungo, en Urabá, que era un embarcadero de Banadex, Chiquita Brands, y por ahí llegaron los fusiles.
“Con ese dinero compraron fusiles, mantuvieron hombres los grupos paramilitares. Pues con esos fusiles causaron cientos de masacres, homicidios, asesinatos, desapariciones”, dijo Vega.
Explicó que en el caso de la Fundación Forjando Futuro, son 400 personas que representan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, además de un universo de 54.000 víctimas que tiene en sus registros ese tribunal especial por hechos de violencia en la región del Urabá.
De igual forma, reportó que 6.000 de esas víctimas han solicitado en los tribunales de Estados Unidos la reparación.
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“Pero si hay todas estas víctimas reconocidas por el Estado colombiano eso debería ser suficiente para que esas víctimas sean reparadas de manera directa con esos recursos”, indicó.
