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Tras el más reciente ataque con drones cargados con explosivos en la región del Catatumbo, que dejó un saldo de una persona muerta y otra gravemente herida, la tensión entre las comunidades se ha agudizado. El recrudecimiento de la violencia ha provocado un nuevo desplazamiento forzado de civiles hacia los cascos urbanos de los municipios de El Tarra y Tibú.
Esta situación profundiza la crisis humanitaria y de orden público en la zona. Desde el inicio de la emergencia, el pasado 16 de enero de 2025, los entes territoriales han asumido la responsabilidad de atender a la población que queda expuesta en medio de las confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc. Ante este panorama, los personeros de la región emitieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para una intervención integral.
Ocaña, receptor de la tragedia
Jorge Bohórquez, personero de Ocaña, señaló en diálogo con La FM que se han solicitado repetidamente medidas de protección para las comunidades campesinas, indígenas y civiles, sin obtener una respuesta efectiva del Estado.
"Desde hace mucho tiempo hemos manifestado al Gobierno Nacional la necesidad de atender a la población civil para que cese el impacto del desplazamiento forzado, el hacinamiento y los asesinatos. Sin embargo, no vemos medidas de fondo que mitiguen la violencia en la región", expresó el funcionario.
Bohórquez advirtió que la oficina local continúa recibiendo denuncias de familias que llegan a Ocaña buscando refugio. "El municipio se ve afectado al ser el principal receptor de la subregión; las ayudas actuales son insuficientes para atender el flujo de personas. Aunque la administración municipal y la Unidad para las Víctimas han entregado mercados y asistencia básica, la capacidad está al límite", añadió.
Las alertas permanecen activas no solo por los choques entre el ELN y las disidencias, sino también por la posible incursión de grupos paramilitares, lo que eleva el riesgo para los habitantes.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo instó al Estado a adoptar medidas inmediatas de prevención y protección. Según el organismo, el ataque con drones registrado el pasado lunes en zona rural de El Tarra sería atribuible al Frente 33 de las disidencias de las Farc.
"Advertimos el grave riesgo para la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas. Estas acciones profundizan el temor y la vulneración de derechos. Ninguna conducta que exponga a la población civil en el marco del conflicto armado es admisible", manifestó la Defensoría a través de un comunicado.
Finalmente, el organismo hizo un llamado perentorio a los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se abstengan de realizar acciones que pongan en peligro a menores de edad, adultos mayores y familias rurales.
