Advierten riesgos para la población civil ante la suspensión de canales humanitarios en el Catatumbo

Defensores de derechos humanos piden al gobierno permitir canales de diálogo y humanitarios para permitir la liberación de secuestrados.
Norte de Santander, donde está la región del Catatumbo, es el departamento más afectado por los desplazamientos forzados en 2026. La primera mitad del año, la Defensoría del Pueblo registró más de 3.800 víctimas en la zona.
Norte de Santander, donde está la región del Catatumbo, es el departamento más afectado por los desplazamientos forzados en 2026. La primera mitad del año, la Defensoría del Pueblo registró más de 3.800 víctimas en la zona. Crédito: AFP - Raúl Arboleda

La suspensión de los canales humanitarios en el Catatumbo ha generado preocupación entre autoridades departamentales, defensores de derechos humanos y líderes sociales, quienes advierten que esta situación está dificultando las labores de mediación con los grupos armados y aumentando los riesgos para las comunidades civiles.

Con la llegada del nuevo Gobierno Nacional, las altas consejerías de paz y las comisiones humanitarias que adelantaban labores de acercamiento en diferentes zonas del país han quedado sin autorización para establecer comunicaciones o contactos con actores armados, en el marco de los procesos de diálogo y acuerdos que se venían desarrollando durante la anterior administración.

En el Catatumbo, esta decisión ha afectado el trabajo humanitario que adelantaban personerías municipales, líderes sociales, la Iglesia Católica y otros organismos que intervenían en situaciones relacionadas con el conflicto armado, donde han advertido un incremento de los señalamientos y la estigmatización contra quienes participan en este tipo de labores.

Canales humanitarios están suspendidos

El Alto Consejero para la Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, confirmó que los canales humanitarios permanecen suspendidos en la región y advirtió que esta situación pone en riesgo acciones como la recepción de personas secuestradas y la mediación con los grupos armados.

“Hay por lo menos 12 personas que están en poder de los grupos armados en la zona del Catatumbo y en estos momentos no hay autorización del Gobierno Nacional para avanzar en esa labor humanitaria. Todo está suspendido y a eso se suma lo que pasó con la Defensoría del Pueblo, el estigma sobre los liderazgos sociales y las personerías, lo cual afecta aún más el trabajo que se hace desde el territorio”, señaló Niño.

La suspensión de estos mecanismos también dificulta las gestiones encaminadas a proteger a la población civil, facilitar la atención de comunidades afectadas por la violencia y atender situaciones derivadas del conflicto armado en esta zona de Norte de Santander.

Los niveles de violencia se pueden aumentar

El funcionario departamental manifestó además su preocupación por el impacto que esta situación podría tener sobre los niveles de violencia en el Catatumbo, una región donde continúan registrándose enfrentamientos y ataques con artefactos explosivos.

“Es bastante preocupante lo que se viene para la región del Catatumbo, donde los ataques con drones cargados con explosivos son permanentes, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario van en aumento y, con toda esta situación, los más afectados son las comunidades civiles”, agregó.

Aumentan los niveles de estigmatización contra líderes sociales

A esta preocupación se sumó Enrique Pertúz, presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, quien alertó sobre la estigmatización que, según afirmó, se estaría presentando contra quienes desarrollan labores sociales y humanitarias en el territorio, entre ellos personeros, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y líderes comunitarios.

“Estar hoy en el territorio es altamente peligroso. Los señalamientos se han incrementado porque todo lo que tenga que ver con labores humanitarias, con las denuncias de violencia que se están presentando, puede generar señalamientos desde diferentes entes del Gobierno Nacional”, afirmó Pertúz.

El defensor de derechos humanos también cuestionó situaciones que, a su juicio, han generado temor entre quienes realizan estas labores.

“Tenemos el caso del defensor del pueblo de Ocaña, la salida de Pepe Ruiz de la regional departamental, que muestra que, de una u otra manera, va a generar una especie de mordaza por el temor a participar de acciones humanitarias”, agregó.

Ante este panorama, los liderazgos sociales y las asociaciones campesinas del Catatumbo hicieron un llamado al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para que se restablezcan los canales humanitarios y de diálogo en la región, con el propósito de facilitar la atención de las comunidades, proteger a la población civil y permitir que se adelanten gestiones para la liberación de las personas que permanecen secuestradas.

¿Por qué están suspendidos los canales humanitarios?

El presidente Abelardo De La Espriella, una vez asumió la presidencia, suprimió la oficina del comisionado de paz y dejó sin autorización a la alta consejería de paz para continuar con las acciones humanitarias en los territorios.

¿Cuántas personas estaban listas para ser entregadas a comisiones humanitarias?

12 personas están en poder de grupos armados y estaban listas para ser entregadas a comisiones humanitarias en el Catatumbo y que quedaron paralizadas.

¿Qué temen las autoridades y líderes sociales?

Que se aumenten los señalamientos y la estigmatización contra líderes sociales y comisiones humanitarias en la zona del Catatumbo.


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