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Kelvis Daniel Sequera Delgado tiene 38 años. Los cumplió dos meses antes de la muerte de Yulixa Toloza. Jesús Alberto Hernández Morales tiene 44, y podría cumplir los 45 en la cárcel. Ambos podrían pasar casi dos décadas en prisión por sus maniobras para desaparecer un carro, si no prospera su negociación con la Fiscalía.
No se trata de un vehículo cualquiera: es un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ 340. María Fernanda Delgado, Leodelvis Acosta, Edinson Torres y Eduardo Ramos subieron en él a Yulixa Toloza Rivas después de una fallida lipólisis láser, un procedimiento quirúrgico invasivo que ofrecía la clínica clandestina Beauty Láser.
Delgado es la dueña del centro estético ilegal. Torres es su pareja. Eduardo David Ramos es un barbero que operaba a clientes sin tener títulos médicos ni permisos oficiales. Los tres permanecen capturados en Venezuela, a la espera de que las gestiones diplomáticas logren, en el mejor de los casos, un envío a Colombia.
Leodelvis Acosta Rodríguez, por su parte, es un cubano que permanece prófugo de la justicia. La Fiscalía estableció su identidad, pero no lo ha detenido, a diferencia de Kelvis Sequera y Jesús Hernández, quienes irán a juicio ante el Juzgado Treinta de Circuito de Bogotá, si bien fracasó en principio la acusación en su contra.
El nombre de Acosta —igual que los de Delgado, Torres y Ramos— aparece entre las siete páginas del escrito de acusación que la Fiscalía radicó para ratificar su intención de que Sequera y Hernández paguen por su participación en el asesinato y la desaparición de Yulixa Toloza. La FM conoció la totalidad del documento.
La fiscal Juana Acosta, de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén, iba a detallar el escrito en una audiencia virtual ante el juzgado este martes, pero la defensa de los imputados, el abogado Jesús Arnulfo Prada, pidió un aplazamiento por dos razones. La primera, quiere negociar con la Fiscalía.
El objetivo es un principio de oportunidad, o sea, un acuerdo detallado con el que los venezolanos Sequera y Hernández sean testigos clave de la justicia a cambio de beneficios judiciales, rebajas de penas, protección, etcétera. O una preclusión, aunque la fiscal Acosta la desestimó de tajo durante la diligencia.
Una sanción, una acusación con puntos suspensivos y un probable acuerdo
La segunda razón es una sanción disciplinaria que inhabilita a Prada para ejercer la profesión. Prada no le detalló al Juez Treinta por qué está penalizado, pero sí admitió haber presentado una tutela “para corregir”. El togado calificó como “imposible” instalar la audiencia, pues implicaría una cascada de procesos disciplinarios.
El juez reprogramó la acusación para la tarde del 4 de agosto, una semana después de la fallida vista pública: “Si no ha solucionado la situación, ustedes, señores procesados, tienen el derecho a nombrar otro profesional que los represente”. Si Sequera y Hernández no tienen recursos para otro jurista, el Estado les asignará un defensor público.
La Fiscalía, en el escrito de acusación, señala que Jesús Hernández y Kelvis Sequera, hoy detenidos en una estación de Policía en Cúcuta, recibieron órdenes de destruir, ocultar y modificar el Sonic a cambio de una “remuneración” que en diligencias previas se narró que fue de ochocientos mil pesos, unos 183 mil bolívares.
Los procesados entregaron voluntariamente sus teléfonos. De allí, la Fiscalía extrajo los chats de WhatsApp que plasman las órdenes directas de desaparecer el vehículo. El favorecimiento es un delito que castiga con hasta seis años de cárcel la ayuda a eludir la acción de las autoridades o entorpecer las investigaciones.
Si el favorecimiento busca desviar un caso de desaparición forzada u homicidio, la pena puede ir hasta los dieciocho años de prisión. El Chevrolet al que subieron a Yulixa abandonó Beauty Láser el 13 de mayo con rumbo a Apulo, en Cundinamarca. Las autoridades hallaron el cadáver de la mujer seis días después entre Apulo y Anapoima.
La noche de aquel miércoles el carro volvió a Bogotá, a unos cien kilómetros de Apulo, y la madrugada siguiente emprendió un viaje definitivo a Cúcuta, la capital de Norte de Santander, una zona fronteriza con Venezuela. María Fernanda Delgado y Edinson Torres mandaron a Kelvis y Jesús a recoger el vehículo en un parqueadero.
“Una vez el vehículo llega a la ciudad de San José de Cúcuta éste es dejado en el garaje de la vivienda de la señora Yaneth Montagut Guerrero y de ese sitio debía ser recogido por los señores Kelvis Sequera y Jesús Hernández para destruirlo, ocultarlo y modificarlo, conforme a las instrucciones” (sic), señala la acusación.
Los chats y el recorrido del Chevrolet son la base de la acusación
Delgado tenía negocios de calzado con Montagut. Le dijo que se iba a mudar a Venezuela y que le cuidara el carro unos días. El 16 de mayo la Policía dio con el automotor. Un día después, Hernández, tío de María Fernanda, y Sequera, un taxista de Guanare, llegaron a la casa. Los uniformados los arrestaron en el acto.
“Los señores Kelvis Sequera y Jesús Hernández recibieron remuneración por estas órdenes dadas sobre el vehículo en cuestión y así quedaron plasmadas en diferentes chats de WhatsApp y en otros archivos que fueron entregados voluntariamente a las autoridades por los imputados” (sic), reseña la fiscal Juana Acosta en el escrito.
María Fernanda Delgado y Edinson Torres le pagaron cuatrocientos dólares —casi 1,3 millones de pesos— a Sequera para movilizar a Hernández, quien recibió ochocientos mil pesos como supuestos viáticos para hotel y manutención. Los futuros acusados madrugaron a las seis de la mañana para llegar al conjunto residencial La Campiña, donde Yaneth Montagut.
El ente acusador quiere escuchar en el juicio a dos subintendentes y cinco testigos, incluyendo a Amalia Pardo Cortés, una amiga que acompañó a Yulixa a su lipólisis; Morién Morelia Dávila, prima de Tolosa, y Sonia Estefanía López, otra amiga, quien intercambió mensajes con María Fernanda Delgado.
La Policía y la Fiscalía encontraron el 19 de mayo el cuerpo de Yulixa Toloza en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, dos municipios de entre diez mil y dieciocho mil habitantes. El Instituto de Medicina Legal registró fracturas, lesiones internas y heridas con arma blanca que llevaron a concluir que la muerte fue violenta, un homicidio.
El Chevrolet Sonic contenía células epiteliales, cabello, un rúter, una tarjeta SIM, huellas dactilares y una memoria USB. Por eso la investigación lo relaciona con el traslado de Tolosa, gravemente lesionada por la fracasada cirugía a la que se sometió. Y por eso Kelvis Sequera y Jesús Hernández pasan al banquillo.
Mientras las autoridades mantienen la búsqueda del cubano Leodelvis Acosta y esperan concretar la entrega de los otros tres procesados desde Venezuela, el juicio por favorecimiento y ocultamiento de material probatorio contra los dos detenidos en Cúcuta será el primero en poner a prueba, ante un juez, la tesis de que existió un plan coordinado para desaparecer las evidencias del asesinato de la estilista de 52 años.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué se aplazó la audiencia de acusación contra Kelvis Sequera y Jesús Hernández?
La diligencia fue suspendida porque la defensa pidió tiempo para intentar un acuerdo con la Fiscalía y porque el abogado Jesús Arnulfo Prada reconoció que está sancionado disciplinariamente e inhabilitado para ejercer la profesión. El juez consideró imposible avanzar en esas condiciones y reprogramó la audiencia para el 4 de agosto, advirtiendo que, si la situación no se resuelve, los procesados deberán nombrar otro defensor o recibir uno público.
¿Qué acuerdo buscan los dos procesados con la Fiscalía?
La defensa pretende negociar un principio de oportunidad para que Kelvis Sequera y Jesús Hernández colaboren con la justicia como testigos clave del caso, a cambio de beneficios como rebajas de pena o medidas de protección. La Fiscalía descartó, en cambio, la posibilidad de una preclusión, por lo que cualquier negociación dependerá de la utilidad de los procesados para esclarecer el crimen de Yulixa Toloza.
¿Cuál es la principal prueba que sustenta la acusación contra los dos venezolanos?
La Fiscalía sostiene que Sequera y Hernández recibieron dinero para destruir, ocultar o modificar el Chevrolet Sonic en el que fue trasladada Yulixa Toloza tras la fallida lipólisis. La acusación se apoya en chats de WhatsApp extraídos de los teléfonos que ambos entregaron voluntariamente, además del recorrido reconstruido del vehículo entre Bogotá, Apulo y Cúcuta, y los elementos materiales probatorios encontrados en el automotor.
¿Cómo avanza el proceso por el asesinato de Yulixa Toloza?
Mientras el juicio contra Sequera y Hernández será el primero en llegar a esta etapa procesal, la Fiscalía mantiene la búsqueda del cubano Leodelvis Acosta y espera concretar la entrega desde Venezuela de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo Ramos. La hipótesis del ente acusador es que existió un plan coordinado para desaparecer las evidencias del homicidio y dificultar la investigación sobre la muerte de la estilista de 52 años.
