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Se conoció otra disputa en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de presunta manipulación de testigos. Su defensa liderada por el abogado Jaime Granados Peña recusó a la fiscal primera delegada ante la Corte Marlene Orjuela porque al parecer la representante del ente de control "carece de la imparcialidad necesaria para continuar con la investigación", debido a su relación con el exfiscal general Eduardo Montealegre, quien es reconocido como víctima en el proceso.
El recurso se fundamentó en la supuesta cercanía profesional entre Orjuela y Montealegre, que data de 2012, cuando el exfiscal la nombró fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito.
Según Granados, este vínculo compromete la objetividad de la fiscal y podría generar un conflicto de intereses en el caso que enfrenta Uribe.
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El abogado expuso en el documento de 31 páginas que, aunque no se trate de un tema personal, solicita que Orjuela se aparte del conocimiento del caso para garantizar la imparcialidad del proceso.
En su escrito, Granados solicitó: "por medio de la presente recusación, que se aparte del conocimiento del presente caso, con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso”.
La defensa justificó la recusación como una medida para proteger las garantías procesales de Uribe y asegurar un juicio justo.
En su argumentación, citó antecedentes similares, como el caso del magistrado Ramiro Riaño Riaño, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien recientemente se declaró impedido para conocer una acción de tutela presentada por Uribe. La razón de su impedimento fue que su esposa trabajó en la Fiscalía General durante la administración de Montealegre.
El penalista Granados enfatizó que el caso de la fiscal Orjuela, es aún más delicado, ya que su relación con Montealegre no es meramente circunstancial, sino que se basa en un vínculo laboral directo.
En la recusación, el abogado de Uribe subrayó que esta situación compromete la imparcialidad y objetividad de la fiscal, lo que advierte un interés en la causa.
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Además, el defensor del exmandatario dejó claro que esta recusación no debe considerarse una maniobra dilatoria del proceso y aseguró que, conforme al mandato legal, la presentación de la recusación no suspende la actuación.
“Desde este momento, se advierte que la presente recusación no puede considerarse como una maniobra dilatoria, en tanto, por expreso mandato legal, la presentación de la misma no suspende la actuación”, concluyó Granados.
