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La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a un mayor general, a tres excongresistas, tres agentes del Estado y tres civiles, tras ser señalados desde Estados Unidos por el narcotraficante y exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, de graves delitos como asesinatos y desapariciones forzadas y el exterminio de la Unión Patriótica.
Esto grupo de uniformados, líderes políticos y agentes del Estado, fueron mencionados por alias Otoniel ante la JEP en declaraciones juramentadas rendidas los pasados 9, 10 y 11 de abril de manera virtual desde una cárcel de los Estados Unidos, tras ser extraditado a ese país por cargos de narcotráfico.
De acuerdo con la JEP, tras contrastar y verificar los señalamientos de alias Otoniel se estableció que hay suficientes pruebas que evidenciarían que el antiguo comandante de la Brigada XVII, seis agentes del Estado en Casanare y Arauca, y tres civiles, habrían contribuido a la consolidación del poder paramilitar en estos departamentos.
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Según el relato de alias Otoniel, los involucrados habrían colaborado con grupos paramilitares como el bloque Centauros en Casanare y el bloque Vencedores de Arauca, quienes perpetraron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en dichas regiones y fueron hallados responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra cometidos entre los años 2000 y 2006.
La información suministrada por alias Otoniel revela cómo “en Casanare, actores políticos y empresariales facilitaron recursos y contratos que financiaron las operaciones del bloque Centauros, lo que permitió a este grupo incrementar su poder en la región.
'Otoniel' señaló que en Arauca el bloque Vencedores, una extensión del bloque Centauros, contó con el respaldo de miembros de la fuerza pública y autoridades locales, consolidando así su dominio para combatir a otros grupos insurgentes y asegurar el control territorial.
De acuerdo con la JEP, las conductas que motivaron esta decisión se relacionan con el presunto apoyo, financiación y promoción de grupos paramilitares y que ello podría enmarcarse en el delito de concierto para delinquir agravado, el cual se clasifica como un delito de lesa humanidad, conforme a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia.
Los afectados con esta decisión son:
- Mayor general Carlos Omairo Lemus Pedraza: por su presunta connivencia con grupos paramilitares en Arauca, lo que permitió su expansión en la región durante su comandancia de la Brigada XVIII del Ejército Nacional entre 2000 y 2003.
- Julio Acosta Bernal, exrepresentante a la Cámara por Arauca, excónsul de Colombia en Singapur y exgobernador de Arauca: por facilitar el ingreso del bloque Vencedores de Arauca y su participación en la expansión paramilitar en la región.
- Milton Rodríguez Sarmiento, exsenador: por su presunta colaboración en la financiación y apoyo al Bloque Centauros en Casanare
- Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador: por su presunta participación en la consolidación del control paramilitar en Casanare.
- Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare y exrepresentante a la Cámara por el mismo departamento: por su presunto apoyo logístico a las AUC en Casanare.
- Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exdiputado y exgobernador de Casanare: por su presunta participación en la consolidación del poder paramilitar en la región.
Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde de Tame: por su presunta contribución al establecimiento del Bloque Vencedores de Arauca.
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Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare: por la presunta apropiación de recursos públicos en favor de las AUC en la región.
Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena: por su presunta colaboración financiera con las AUC en Casanare.
Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista de la Universidad de Cartagena: por su presunta vinculación en la ejecución de contratos para financiar actividades paramilitares en Casanare.
