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La FM conoció el documento a través del cual la Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que el juez Hugo Junior Carbono Ariza, quien lleva el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, está siendo amenazado y mantiene un nivel de riesgo extraordinario, razón por la cual se ratificaron y ajustaron las medidas de seguridad a su favor, tras múltiples amenazas, seguimientos e intimidaciones atribuidas a estructuras criminales de alto impacto.
La decisión quedó consignada en la Resolución 000145 de 2026, expedida el pasado 16 de enero, luego de una reevaluación integral realizada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para servidores y exservidores públicos.
Amenazas, seguimientos y ataque a su vivienda
De acuerdo con el documento oficial, el juez Carbono Ariza —Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla— ha sido objeto de amenazas sistemáticas, seguimientos durante sus desplazamientos y un ataque con arma de fuego contra su residencia, hechos que ya reposan en denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.
El informe también da cuenta de intimidaciones contra un miembro de su núcleo familiar, así como advertencias atribuidas a cabecillas de Grupos Armados Organizados (GAO) y bandas criminales, entre ellos alias “El Negro Ober” y “Tommy Masacre”, en represalia por sentencias condenatorias proferidas en su contra.
El caso Nicolás Petro elevó el nivel de riesgo
La UNP determinó que el riesgo se incrementó de manera significativa tras la designación del juez como director del proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, cuyas audiencias se realizaron en julio de 2025. Según el análisis técnico, la alta exposición mediática del caso permitió la difusión de la identidad, rutinas y entorno del funcionario judicial, lo que amplificó su vulnerabilidad.
Incluso, el informe señala que el 30 de julio de 2025, la hija del juez, residente en Bogotá, fue abordada por dos mujeres que, de manera intimidante, afirmaron conocer quién era su padre y el proceso judicial que adelantaba.
Riesgo extraordinario confirmado
Tras aplicar el Instrumento Técnico Estándar de Valoración del Riesgo, la UNP concluyó que el juez presenta un riesgo extraordinario, con una calificación del 53,88 %, derivado de amenazas reales, contexto criminal hostil en Barranquilla y su rol en procesos judiciales de alto impacto contra organizaciones criminales nacionales y transnacionales.
El informe advierte que la situación “desborda su capacidad de autoprotección” y compromete derechos fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad personal.
Medidas de protección ratificadas
Como resultado, el CERREM recomendó —y la UNP adoptó— la ratificación del esquema de seguridad reforzado, consistente en:
- Un vehículo blindado
- Dos personas de protección
- Un chaleco antibalas
Estas medidas tendrán una vigencia inicial de 12 meses, contados a partir de la firmeza del acto administrativo, y podrán ser modificadas si el riesgo varía.
Consejo Superior de la Judicatura deberá asumir el esquema
La resolución ordena que el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) asuma la financiación y administración del esquema de protección, conforme a sus competencias. Mientras tanto, la UNP continuará prestando el servicio bajo el principio de subsidiariedad.
Además, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación impulsar las investigaciones relacionadas con las amenazas y a la Alcaldía de Barranquilla coordinar acciones de seguridad en el marco de sus funciones como primera autoridad de policía en el distrito.
Reserva y llamado a la autoprotección
La UNP reiteró que toda la información relacionada con los beneficiarios del programa es reservada, e hizo un llamado al juez a cumplir estrictamente las recomendaciones de autoprotección, incluyendo el uso permanente del chaleco balístico y la activación de la Línea Vida 103 en caso de emergencia.
La resolución deja en firme que el Estado mantiene su deber de garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales que administran justicia en contextos de alta criminalidad y presión por parte de estructuras ilegales.
