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El juez 39 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria de la libertad contra Luis Eduardo Bermúdez Cárdenas, contratista del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), investigado por su presunta participación en el supuesto ‘carrusel de la contratación’ en lo que se refiere al control del espacio público.
En los últimos días el procesado se entregó ante las autoridades para responder, por las presuntas irregularidades que se registraron, con la adjudicación de contratos que inicialmente, tenían un valor de 12 mil millones de pesos y terminaron costando 17 mil millones de pesos; es decir, cinco mil millones de pesos más de lo que se había presupuestado.
De acuerdo con la investigación, Bermúdez Cárdenas es el propietario de la empresa Electrodiseños que junto con otras dos firmas, conformaron la unión temporal que logró obtener el contrato de obra 933 del 2016 para la intervención de los andenes de Bogotá.
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El juez impuso la detención domiciliaria contra Bermúdez Cárdenas, considerando que padece una falla pulmonar grave, que requiere atención médica constante.
De acuerdo con la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía en un periodo de cuatro meses el procesado, debía ajustar el diseño original, sin embargo, el proceso tardó nueve meses, en los que amplió y presuntamente mejoró no solo el diseño sino también el plan de obra, aumentando las intervenciones que debían desarrollarse.
Entre las modificaciones que se hicieron se encuentran, la construcción de siete sobresaltos que tuvieron un valor de 260 millones de pesos, el cambio de las redes de alcantarillado (tuberías) y de energía eléctrica.
Según explicó el delegado de la Fiscalía, los cambios que tuvo dicho proyecto de intervención, representaron un aumento en cinco mil millones de pesos en el presupuesto.
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También se investiga qué sucedió con 2.550 millones de pesos, que habrían salido de dicho contrato y que representarían las presuntas irregularidades.
Así se recolectaron las pruebas
Diez cajas con miles de documentos y archivos fueron decomisados por un grupo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en la subdirección de Infraestructura y en la sede de la interventoría del edificio del IDU, como parte de los allanamientos que se realizaron el pasado mes de noviembre y que permitieron las capturas de funcionarios y contratistas.
Según la Fiscalía, en esos documentos se encuentran las pruebas de lo que supuestamente ocurrió en el Instituto de Desarrollo Urbano y que se constituiría, como un nuevo ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la república.
Frente a este proceso, la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza; sin embargo, el contratista del IDU no aceptó los cargos.
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Por estos hechos también están siendo procesados, Germán Orlando Corredor Aguilera, asesor de la Subdirección General de Infraestructura del IDU, el contratista Thomás Eduardo Pachón, Julio Cesar Montaño Forero, ingeniero civil e interventor de la obra y Marco José Mafioly Cantillo, también interventor.
