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El Tribunal Superior de Bogotá ratificó, en una decisión de segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad y con ella la orden de captura, en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), como uno de los protagonistas del escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Esta determinación fue adoptada por la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Jairo José Agudelo, quien negó la apelación que fue instaurada por parte de Iván Cancino, abogado del exfuncionario.
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“Estima la sala, es posible inferir razonablemente, por lo menos en este momento procesal, sin perjuicio de la resulta del proceso penal, que el imputado puede ser autor o partícipe de lavado de activos”, dijo el Tribunal Superior de Bogotá.
El magistrado Agudelo señaló que “luego, para la sala, la Fiscalía, en ejercicio de la adecuación típica de la conducta, acreditó el origen mediato de los 3.000 millones de pesos entregados a Iván Name Vázquez, los cuales fueron transportados por la consejera de las regiones, en cumplimiento de la orden dada por Carlos Ramón González Merchan y comunicada por Olmedo López, por lo que se procederá a revocar el ordinal primero del auto conflutado y, en su lugar, decretar la medida cautelar descrita en el numeral primero del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal por el delito de Lavado de Activos, tras haberse acreditado la inferencia de autoría y participación como queda visto”.
Como lo anticipó La FM, la Fiscalía General de la Nación alista el llamado a juicio contra Carlos Ramón González y con esta decisión respalda radicar el escrito de acusación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Según el fiscal delegado, se estableció que Carlos Ramón González supuestamente se reunió con Olmedo López en septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño, y como director del Dapre, le ordenó al entonces director de la UNGRD que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, expresidente del Senado ($60.000.000) y Andrés Calle, expresidente de la Cámara ($10.000.000) con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Congreso de la República.
Sin embargo, la Fiscalía evidenció que en atención a la insistente exigencia de recursos por parte de Name y Calle, Carlos Ramón González le dio instrucciones a Olmedo López de entregarles, con el mismo fin, coimas en efectivo por 4.000 millones de pesos a ambos congresistas, hoy capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia.
“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name Vázquez a una suma en efectivo de 3 mil millones de pesos y a Calle Aguas una suma de mil millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la UNGRD que Olmedo López entregaría”, relató el fiscal Sandoval.
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Así mismo, la Fiscalía reveló que Carlos Ramón González presuntamente intervino para que Olmedo López no fuera removido de su cargo como director de la UNGRD, pese a estar suspendido por la Contraloría, lo que se habría constituido en el pago por ayudarlo a gestionar los millonarios sobornos para los expresidentes del Congreso.
Para la Fiscalía Carlos Ramón González, era consciente y sabía que desplegar los comportamientos advertidos en el entramado de corrupción de gestión del Riesgo era indebido y por ello le era exigible no determinar a Olmedo López y Sandra Ortiz para la comisión de actuaciones ilegales.
Así mismo, la Fiscalía le pidió nuevamente a la Interpol Colombia gestionar una respuesta a la solicitud de orden de captura internacional contra el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, luego de conocerse que el Gobierno de Nicaragua le concedió el asilo político en ese país.
