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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó este lunes al empresario Carlos José Mattos, declarado culpable por sobornar a dos jueces de la República y a varios funcionarios de los juzgados, para salir beneficiado en el litigio judicial de Hyundai, de la cárcel de Cómbita en (Boyacá) a la de El Bosque en Barranquilla (Atlántico).
La defensa del expresidente de Hyundai presentó un informe médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se documentó las enfermedades que aquejan a su cliente.
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Entre las dolencias que presenta Mattos se encuentra diabetes e hipertensión entre otras, que según su abogado defensor se incrementaron con bajas temperaturas de la cárcel en Cómbita (Boyacá), donde fue traslado en abril tras el escándalo de las salidas clandestinas.
Del mismo modo, se logró demostrar el arraigo de Mattos en el departamento del Atlántico. Cabe recordar que, Mattos confesó haber sobornado a dos jueces y a varios funcionarios de los juzgados para que se impusieran medidas cautelares que le permitieran seguir teniendo el dominio de la autorización para vender los vehículos de la marca coreana en Colombia.
Aunque se emitieron dos condenas en su contra en los juzgados 30 y 11 penales del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el Tribunal Superior las tumbó por considerar que no se demostró si hubo incremento en el patrimonio del empresario.
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Debido a esto, la Fiscalía General de la Nación inició un rastreo internacional para determinar si el empresario Carlos Mattos incrementó su patrimonio, tras verse beneficiado con las decisiones judiciales que logró, luego de haber pagado millonarios sobornos a dos jueces de la República y a varios funcionarios de los juzgados, en medio del litigio judicial con el que pretendía quedarse con el permiso oficial de vender carros de la marca coreana en Colombia.
Esta investigación se adelanta en cumplimiento del fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que declaró nula la condena de nueve años y cinco meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático agravado.
