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La Fiscalía General de la Nación dio a conocer los primeros avances significativos en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
En una rueda de prensa encabezada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, las autoridades entregaron información detallada sobre el procedimiento judicial que se adelanta contra el menor de edad señalado como autor material del ataque, así como sobre las líneas de investigación abiertas para identificar a los responsables intelectuales.
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El menor de 14 años fue aprehendido tras los hechos ocurridos en el parque El Golfito. Durante la madrugada del 8 de junio, un juez especializado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes legalizó la captura bajo tres fundamentos: señalamiento inmediato por testigos y la víctima, detención con objetos vinculados al delito, y registro audiovisual del momento del atentado. La audiencia continuará a las 3 de la tarde de este lunes con la imputación de cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
La Fiscalía informó que, debido a su condición de salud —pues el menor resultó herido de bala en una pierna al intentar huir del lugar— aún no se ha iniciado un interrogatorio formal. No obstante, ya se activó el proceso para que, una vez se estabilice su estado médico, los investigadores puedan entrevistarlo con el fin de obtener información que permita esclarecer los móviles del atentado y la posible existencia de cómplices. Según se informó, el joven manifestó de manera espontánea al momento de su captura que actuó por una motivación económica, mencionando frases que sugerían una compensación monetaria a cambio del ataque.
La fiscal Camargo también indicó que se han recopilado más de 40 testimonios y se han analizado al menos 150 grabaciones de cámaras de seguridad en la zona. Esto ha permitido reconstruir parcialmente la ruta del atacante, el momento del atentado y el accionar del esquema de protección del senador Uribe. En este contexto, el director de la Unidad Nacional de Protección ya rindió entrevista ante la Fiscalía, mientras que la Policía Nacional abrió una investigación disciplinaria sobre la actuación de los cuatro escoltas asignados al precandidato.
El menor permanece bajo custodia en la Clínica Colombia, vigilado por más de 70 uniformados de la Policía y la Fiscalía. Aunque por su edad será procesado bajo el sistema especial para adolescentes, las autoridades indicaron que dadas las condiciones de riesgo, no será trasladado a un centro convencional del ICBF, sino que se está adecuando un sitio especial en el búnker de la Fiscalía con condiciones de seguridad reforzadas. En este marco, también se incluirá a su familia en el programa de protección a víctimas y testigos.
Posibles líneas investigativas del atentado contra Miguel Uribe
La investigación contempla actualmente cuatro líneas principales. Una de ellas considera que el atentado pudo estar motivado por intenciones políticas, como una acción contra la oposición o una estrategia de desestabilización. También se evalúa si grupos armados ilegales pudieron haber estado detrás del ataque, en respuesta a inconformidades frente a los avances del proceso de paz.
Durante la rueda de prensa, la fiscal también confirmó que el arma usada en el ataque fue una pistola 9 milímetros adquirida legalmente en el estado de Arizona, Estados Unidos, el 6 de agosto de 2020. Ya se ha establecido su trazabilidad y se avanza en esclarecer cómo ingresó al territorio colombiano.
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Se realizaron dos diligencias de allanamiento en las viviendas donde el menor residía con familiares y en la casa de su abuela. Allí se obtuvieron elementos de prueba adicionales. La Fiscalía trabaja además en identificar el paradero del teléfono móvil del menor, ya que este no fue encontrado en el momento de la captura. La fiscal general subrayó que los contenidos que han circulado en redes sociales como supuestas capturas de pantalla del celular son falsos.
Finalmente, la Fiscalía reiteró que sus actuaciones se rigen por los principios del Estado de derecho y que se respetarán los procedimientos propios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La máxima sanción a la que se expone el menor, de ser hallado responsable, sería de ocho años de reclusión en un centro especializado.
Las autoridades aseguraron que continuarán recolectando información con el objetivo de identificar a los autores intelectuales y las redes criminales que podrían estar involucradas. La investigación permanece abierta bajo estricta reserva judicial.
