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Inició formalmente el juicio disciplinario contra el actual director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, por las presuntas irregularidades en los estudios técnicos, consultoría y construcción de un complejo de viviendas en el Centro Nacional de Operaciones (Cenop), ubicado en el municipio de San Luis, en el departamento del Tolima.
Son cuatro los cargos que pesan contra el oficial por las anomalías en la contratación, problemas en un proceso disciplinario, presunta extralimitación de funciones y un posible tráfico de influencias, con relación a ese proyecto.
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La Procuraduría señaló que se presentó un incumplimiento del contratista en la obra que tuvo un costo mayor a los 10 mil millones de pesos y que esa situación obligaba al general a proteger los dineros públicos de la entidad, por lo que debió adelantar una revisión de la obra bajo su cargo en ese entonces como director del Fondo Rotatorio de la Policía, que al parecer no se hizo.
“Liberó de toda responsabilidad al contratista con el archivo de la actuación administrativa de incumplimiento, con lo cual vulneró el principio de responsabilidad contractual”, dijo el procurador delegado, quien leyó el pliego de cargos por ese caso.
Esa entidad también agregó que el general sabía de los incumplimientos e irregularidades con la ejecución de la obra y que a pesar de ello, al parecer no hizo nada para evitar que se siguiera presentado esa situación.
Cabe mencionar que ese contrato se suscribió en el 2011 entre el entonces director del Fondo, coronel Saúl Torres Mojíca y Louis Wagner Cortes, representante legal de la Inversora Manare, con el objetivo de realizar estudios técnicos, consultoría y ejecución de la obra, mientras que la interventora del proyecto estuvo a cargo de la Universidad Distritral Francisco José de Caldas.
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En ese sentido, la Procuraduría señaló que ese complejo de viviendas no se entregó a satisfacción. El informe de esa entidad destaca que “las especificaciones no se ajustan a las condiciones de acabados y calidad requerida (…) no se realizó la instalación de ventiladores por unidad de vivienda (…) los muros presentan deformación”.
También se pudo establecer que hay humedad en las ventanas de algunas viviendas y que en época de lluvias esos lugares se inundan.
El documento de la Procuraduría indica también que “a la fecha se encuentra que estas obras no han sido ejecutadas. Se le ha requerido al contratista en múltiples ocasiones y la respuesta verbal es que dentro de la ejecución del contrato, las cantidades adicionales superaron el presupuesto contratado y que la empresa no tiene disponibilidad económica para la construcción de las obras”.
