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Aumentan en 31% las vulneraciones a la libertad religiosa y en 50% las amenazas contra líderes de fe. Un caso en el centro de Bogotá encendió las alarmas y ya hay denuncia ante la Fiscalía. Crece la preocupación por un clima de intolerancia.
Pero el problema no es solo en la capital del país; en todo Colombia crecen las alertas por intolerancia religiosa. Así lo demostró un informe presentado por el concejal Andrés Barrios revela cifras preocupantes: las vulneraciones a la libertad religiosa aumentaron un 31%, mientras que las amenazas de muerte contra líderes religiosos se dispararon en un 50% entre enero y septiembre de 2024.
Enfrentar un “sesgo anti-creyente” en la capital del país
La denuncia se da en medio de un contexto que, según el cabildante, refleja un deterioro progresivo en las garantías para el ejercicio de la fe en el país.
Hay que recordar que el caso que encendió las alarmas ocurrió en Semana Santa, el pasado 2 de abril en la Iglesia de San Francisco, en pleno centro de Bogotá. Allí, hechos que hoy son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, habrían configurado delitos como discriminación y perturbación de ceremonias religiosas.
A partir de este episodio, se generó una rápida reacción ciudadana. Más de 200 personas se han sumado a una iniciativa liderada por el concejal Barrios, que busca enfrentar lo que él denomina un “sesgo anti-creyente” en la capital del país.
Incluso, ya se realizó un primer encuentro para avanzar en la creación de una mesa ciudadana, que tendría como objetivo construir un Proyecto de Acuerdo que será presentado ante el Concejo de Bogotá.
Los hechos no serían aislados y harían parte de un clima creciente de intolerancia
Durante un debate de control político sobre garantías institucionales, convivencia ciudadana y límites a la protesta, Barrios fue enfático en que estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de un clima creciente de intolerancia.
El concejal también lanzó fuertes cuestionamientos al Gobierno Nacional. Señaló que decisiones como el Decreto 1285 de 2023, expedido por el Ministerio del Interior, habrían eliminado a los líderes religiosos de esquemas de protección, pese a que la actividad religiosa se ha convertido en una labor de alto riesgo en medio de la violencia que enfrenta el país, según la Defensoría del Pueblo.
Para Barrios, lo que está en juego es un derecho fundamental que cobija a cerca del 90% de los colombianos, por lo que insistió en la necesidad de tomar medidas urgentes.
En ese sentido, propuso tres acciones concretas: la creación de un sistema distrital de registro de incidentes contra la libertad religiosa; la adopción de un protocolo unificado para atender casos de discriminación religiosa; y la implementación de estrategias de prevención que promuevan el respeto y la convivencia entre distintas creencias.
Crece preocupación en distintos sectores por un aumento en los actos de intolerancia
Finalmente, el llamado es claro: la libertad religiosa no puede seguir siendo vista como un derecho de segunda categoría. Las autoridades, tanto locales como nacionales, tienen la responsabilidad de garantizar su protección efectiva.
Mientras tanto, y se acuerdo con lo que se pudo escuchar en el Concejo de Bogotá, crece la preocupación en distintos sectores por lo que consideran un aumento en los actos de intolerancia y violencia contra comunidades de fe en Colombia.
