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La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus, por presuntas irregularidades en los pagos para la prestación de servicios terapéuticos a personas con síndrome de Down.
Lo que se investiga es la autorización irregular del pago a la IPS Girasoles SAS, “mediante Resolución n.° 000766-2015”, que fue encargada de dichos servicios terapéuticos contenidos en el paquete integral de neuro - rehabilitación. Sin embargo, estos procedimientos al parecer nunca se realizaron.
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La investigación también cobija al entonces secretario de desarrollo de la Salud, Edwin de Jesús Preciado Loruy, quien según la Procuraduría, habría autorizado "el pago de un precio unitario diferente por cada sesión, el cual varió dependiendo el número de terapias que se prestaron, y en algunos casos, canceló un valor mayor”.
Otro de los análisis de las investigaciones se relaciona con la forma en la que la IPS operó durante el 2015, debido a que las pruebas que tiene la Procuraduría señalan que al parecer las autoridades departamentales no habrían verificado que esta contara con las normas para prestar el servicio.
“En el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2015 (…) omitió verificar que la IPS de Córdoba que estaba prestando el paquete integral de terapias de neuro - desarrollo y neuro -rehabilitación en los años 2014 y 2015, tuviera el registro especial de prestadores de servicios de salud”, señala un comunicado de la Procuraduría.
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En las investigaciones se analiza si ambos funcionarios habrían violado las normas de moralidad permitiendo a las instituciones de salud del departamento, especialmente a la IPS, que incumpliera con los registros mínimos que ordenan las normas.
Dichas omisiones habrían permitido que la IPS incrementara injustificadamente su patrimonio y se beneficiara de pagos a los que no tenía derecho.
“El exgobernador no mostró el debido respeto por el ordenamiento jurídico y actuó en contravía con sus deberes funcionales”, señala el documento de la Procuraduría que califica la actuación como una 'falta gravísima a título de culpa gravísima y como grave a título de culpa gravísima'.
Actualmente, Alejandro Lyons se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos, respondiendo por acto de corrupción relacionados con el denominado ‘cartel de la toga’.
