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El presidente Abelardo de la Espriella respaldó las operaciones militares adelantadas contra grupos armados, luego de que tres menores de edad murieran durante un bombardeo contra una estructura criminal en el Guaviare.
El mandatario defendió el accionar de la Fuerza Pública y aseguró que estas operaciones se realizan bajo el marco de la Constitución y la ley.
“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, señaló el jefe de Estado.
Presidente responsabilizó a grupos armados
De la Espriella también cuestionó el reclutamiento de menores por parte de las organizaciones armadas y sostuvo que quienes recurren a estas prácticas deben responder por los hechos.
“Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”, afirmó el presidente.
El mandatario aseguró además que mantendrá la ofensiva militar contra las estructuras armadas y planteó como uno de los objetivos de su Gobierno la recuperación del control territorial.
“No descansaré hasta reconstruir los valores de La Patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo”, manifestó.
Así fue la operación en Guaviare
El pronunciamiento del presidente se produjo después de una operación conjunta y coordinada de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de ‘Calarcá’, en zona rural de El Retorno, Guaviare.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la acción dejó 10 integrantes de la estructura neutralizados, uno capturado y un menor de edad recuperado, cuyos derechos fueron restablecidos. En el operativo también fueron incautados 19 fusiles, siete ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.
Posteriormente, Medicina Legal estableció que tres de los integrantes muertos eran menores de edad. El Ministerio de Defensa señaló que el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra.
La cartera rechazó esta práctica y anunció que trabajará con el Ministerio de Justicia y las demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan.
El Gobierno aseguró que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones contra las estructuras armadas, incluso en zonas selváticas de difícil acceso, bajo el cumplimiento de la ley y los protocolos establecidos.
¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella sobre el bombardeo en Guaviare?
El mandatario respaldó las operaciones militares contra los grupos armados y aseguró que la Fuerza Pública actuó conforme a la Constitución y la ley. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, afirmó.
¿Qué dijo sobre la muerte de los tres menores de edad?
De la Espriella responsabilizó a los grupos armados por el reclutamiento y utilización de menores como combatientes o escudos humanos. El presidente sostuvo que quienes realizan estas prácticas deben responder por crímenes que, según afirmó, violan el Derecho Internacional Humanitario.
¿Qué ocurrió durante la operación militar en Guaviare?
La operación fue adelantada por las Fuerzas Militares y la Policía contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de ‘Calarcá’, en zona rural de El Retorno. El operativo dejó 10 integrantes neutralizados, uno capturado y un menor de edad recuperado y con sus derechos restablecidos.
¿Qué elementos fueron incautados y qué anunció el Gobierno?
Durante la operación fueron incautados 19 fusiles, siete ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones. Tras confirmarse que tres de los muertos eran menores, el Ministerio de Defensa anunció acciones para fortalecer su protección, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan.
