¿Por qué no avanzan las denuncias por desplazamiento forzado en Córdoba?

Foto: Colprensa (Referencia).

LA FM tuvo acceso a las denuncias que interpusieron campesinos hace varios años atrás por desplazamiento forzado, pero ninguna ha dado resultado.

El lento avance de las investigaciones sobre desplazamientos en la vereda El Tomate, municipio de Canalete, a cargo de la Fiscalía en Córdoba ha impedido que se esclarezca quienes son los responsables de recientes despojos de campesinos en esa zona.

LA FM conoció en exclusiva un testimonio de un exsuboficial de la Policía, quien fue víctima de estos actores armados y cuyo caso aún no avanza porque esa organización criminal habría pagado a una fiscal para capturarlo.

Para el 2004 el sargento Alberto Rene Muñoz era el comandante de la estación de Policía del municipio de Pueblo Bujo, los pobladores lo estimaban y algunos eran sus amigos, tanto así que un día decidió hacer negocios con uno de ellos, Alberto José Urango, para trabajar en una finca con cultivos y ganado.

En esa zona de Córdoba, las Autodefensas Unidas de Colombia hacían presencia y provocaron desplazamiento de campesinos que estaban asentados en las fincas del lugar que se dedicaban a la agricultura y ganadería principalmente, un hecho que llevó después a una avalancha de denuncias ante la Fiscalía.

Los campesinos señalaron a Luis Fernando Ospina Vélez y Carlos Mario Vanegas como autores de amenazas contra ellos para abandonaran sus tierras y ellos adherir esos predios a su finca llamada Bonaire. Luego de años, el primero en denunciar fue Edgar Hernández, quién le contó a La Fiscalía que “tenían que venderle a las buenas o a las malas o de lo contrario tenían que salir”. Fueron más de 9 mil metros que dejó atrás ese marzo.

Años más tarde se animó Marco Tordecilla Bedoya, un viejo campesino enfermo, a denunciar a Ospina Vélez y Vanegas por desplazamiento forzado. La historia coincidía con la anterior y se remontaba al 2004: “Nos manifestó que le desocupamos nuestras tierras, que posteriormente nos mataba, o de lo contrario nos mataba y le compraban a la viuda” contó a La Fiscalía.

Tordecilla Bedoya se fue para Montería y dejó 30 hectáreas de tierra, 31 bovinos, 22 cerdos, 54 gallinas, 8 gallos, 45 carneros, 50 matas de coco en producción y una hectárea de plátano. Rubén Tordecilla, su hijo y quién lo representa, aún sigue esperando que la investigación de resultados para volver a ver a todos sus animales.

 

Luego se sumó José Joaquín Coronado, otro campesino que acusaba a Ospina Vélez y Vanegas de forzarlos a vender su finca de 7 hectáreas con 5 mil metros y que era propiedad de su padre. Le contó a la Fiscalía que “recibieron amenazas constantes y que tenían que vender por las buenas o por las malas”


Más tarde Juan de la Cruz y Emible Miguel Montaño, dos herederos, también denunciaron a Ospina Vélez y Vanegas por el delito de desplazamiento forzado. La historia volvía a repetir y ubicarse en el 2004: “se presentó con un grupo de personas armadas y le manifestaron al administrador de la finca que se retirara de la finca o de lo contrario se derramaría sangre. Nosotros no fuimos más”

 

Le siguió Mauricio Gregorio Cordoba, quien le había reclamado a Ospina Vélez y Vanegas regresar los predios que habían ocupado y que eran propiedad de su difunto padre, “ahora estos dos señores de manera violenta han tomado posesión y no han dejado o permitido el ingreso de mi persona” y le pidió a la Fiscalía que vincule a estas personas a un proceso penal.

 

 

También lo hizo Mónica Lobelo Herrera, hija de un propietario de una finca, quien le contó a la Fiscalía que después de la muerte de su padre, Ospina Vélez y Vanegas se acercaron a su madre para que les vendiera sus tierras “bajo amenaza de muerte, tuvimos que salir antes de la fecha pactada

Fue en ese entonces cuando el sargento Alberto Muñoz recibió la primera amenaza para abandonar la finca Costa Rica y dejar su ganado, pero se negó e interpuso ante la Fiscalía una denuncia…

Una vez es rescatado, el sargento Muñoz es llevado a la Uri de la Fiscalía y recibe una nueva amenaza…

Esa intimidación le dio argumentos para interponer otra denuncia, esta vez contra la fiscal primera de patrimonio económico de Córdoba, Soraya Puentes Vellojín. Pero también aseguró abrió paso a nuevas represalias…

Han pasado más de 4 años y las autoridades, en especial La Fiscalía no entrega resultados de la investigación tras las denuncias del sargento, quien asegura que su único pecado fue haber orientado y fomentado a que los campesinos víctimas de amenazas denunciaran a sus agresores por haberlos despojado, tierras que aún no han sido restituidas.