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El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento y ordenó enviar a prisión al actual gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, sindicado de graves irregularidades en el proceso de su elección adelantado el pasado 6 de noviembre de 2016.
La decisión fue adoptada por el magistrado Orlando Muñoz Neira al acoger los argumentos de la Fiscalía que, aseguró, logró evidenciar maniobras concertadas con varios concejales de la región que, presumiblemente, afectaron la transparencia de la jornada electoral.
Según el fiscal jefe de la Unidad Delegada Ante la Corte, Fabio Espitia, supuestamente el gobernador compró a sus electores con mercados, elementos materiales de construcción, artesanías y hasta con chivos.
"A través de estos concejales, González Brito destinó recursos económicos para la adquisición de mercados, materiales de construcción y otros ser entregados a través de bienes políticos (...) a los ciudadanos del municipio de Maicao y sus corregimientos a cambio de votar a su favor", dijo el fiscal Espitia.
El fiscal le imputó al gobernador de La Guajira la supuesta autoría en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal.
La Fiscalía aseguró que el gobernador representa un peligro para la comunidad, argumentando que pudo continuar delinquiendo porque La Guajira es un departamento impactado por la corrupción y existe información de que González Brito podría evadir la justicia y escapar por la frontera con Venezuela.
Al ser interrogado por el magistrado del Tribunal, el gobernador González Brito no aceptó los cargos imputados e insistió en su inocencia.
Por su parte, la defensa del gobernador aseguró que este proceso es producto de una persecución política.
"Es la disputa entre el grupo Cambio Radical, que lidera en Colombia el señor vicepresidente de la República, y el partido de la U", dijo el abogado.
Asimismo, el abogado Carlos Arturo Gómez aseguró que, supuestamente, por cultura es normal dar dinero a los líderes guajiros durante la temporada de votaciones para el suministro de buses que permitan movilizar hacia los sitios de sufragio a los electores.
"¿Cómo pretendemos que a los lideres guajiros no se les de dinero para facilitar el transporte? o ¿será que las comunidades guajiras tienen empresas de buses?", planteó el abogado Gómez.
Por este mismo proceso, la Fiscalía imputará cargos contra la concejal de Maicao Silbelly Solano Iguarán.
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