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Varios familiares de víctimas de la masacre de Mapiripán, Meta, hicieron un llamado para que no se le concedan los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz a los militares y demás miembros de la Fuerza Pública que están siendo investigados por su supuesta responsabilidad en estos graves hechos ocurridos en julio de 1997.
Marina San Miguel, esposa de José Ronald Valencia, quien fue asesinado durante esta masacre, dijo que no sería justo que a estos militares presuntamente implicados se les concedan beneficios jurídicos y no respondan por los crímenes y demás delitos cometidos.
"Yo le pediría al general Del Río que nos dijera realmente la verdad, porque ellos permitieron que sucediera esta masacre en este pueblo que era muy lejano para que el Estado invirtiera socialmente, pero no para ir a masacrar la gente, secuestrarla y desplazarla”, dijo la señora san Miguel.
A su turno, Viviana Barrera, hija de Antonio Barrera, también asesinado en la masacre de Mapiripán afirmó: “A mí me parece muy bien que lo llamen a ver si por fin se le conmueve ese corazón y dice la verdad de los hechos y que diga quienes fueron los que participaron y por fin se hace justicia y no queda el caso en la impunidad”.
