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La Corte Constitucional dio vía libre al Decreto 277 de 2017 por el cual se estableció el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley de Amnistía.
Sin embargo, el alto tribunal condicionó el artículo 22 del Decreto, que suspendía todos los procesos de exguerrilleros sometidos al acuerdo final.
"Todos los procesos en los se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a ZVTN, que tratan la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento Jurisdicción Especial, para el momento en el cual las personas sometidas a libertad condicionada por aplicación de este decreto quedarán a disposición de dicha Jurisdicción”.
En ese sentido, la Corte explicó que no se podrían suspender todas las etapas investigativas, debido a los compromisos internacionales que tiene Colombia con respecto a la persecución de delitos graves.
“En el entendido de que la suspensión de las investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación se refiera a la competencia para adoptar decisiones que impliquen afectación de la libertad, la determinación de responsabilidades y la citación a la práctica de diligencias judiciales”, señaló la Corte en su decisión.
Así las cosas, aclaró que la Fiscalía debe continuar con su papel de investigación de los procesos ordinarios, debido a que no se puede suspender la persecución de delitos graves.
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