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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le envió este lunes una comunicación a los alcaldes y gobernadores de todo el país con el fin que tomen medidas de fondo para que sean los condenados por daño a bien ajeno durante las jornadas de protestas y manifestaciones los que paguen por la reparación de los bienes afectados.
En el documento de 28 páginas titulado 'Lineamiento sobre el deber de protección de los bienes de interés cultural', la Agencia se advierte de la necesidad de proteger el patrimonio y bienes de interés cultural por lo que deben crear un mecanismo de cooperación con las autoridades nacionales, departamentales y municipales para lograr la individualización de los implicados en los daños a estas estructuras.
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En este sentido se indica que deben realizar además un listado de los bienes inmuebles patrimoniales que han sido afectados y los daños sufridos durante las respectivas manifestaciones. La Agencia indica que el Código Penal establece una serie de sanciones en contra de aquellos que dañen y afecten el patrimonio público.
Entre las penas señaladas en el artículo 265 del Código se fijan penas de 16 y 36 meses de prisión y una multa de 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a aquellos que destruyan, inutilicen, desaparezcan a un bien inmueble. Como agravante se encuentra el daño a un patrimonio de interés cultural.
En estos casos se señala se deben tomar acciones de reparación directa para que sean los sentenciados los que paguen por la reparación de estos daños. En otro de los apartes del documento se pide revisar la entrega de las licencias para que no se realicen construcciones que pongan el riesgo el bien de interés cultural.
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Para esto, explica, existen actos administrativos que permiten la protección y defensa de estos bienes de interés cultural.
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