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La iniciativa se tomó dentro del marco de una investigación que adelanta la Contraloría General de la República, a raíz de una denuncia interpuesta por una funcionaria de la entidad.
La queja de la empleada se sustentó en el otorgamiento de tres primas técnicas a funcionarios en provisionalidad, durante el período de María Carolina Carrillo Saltarén, en el 2010, quien fungía como directora administrativa.
Una vez el organismo de control posterior se ocupó de la denuncia, encontró observaciones de primas pagadas desde 1991, las cuales fueron otorgadas en administraciones anteriores.
Los actos administrativos que sustentan tales decisiones gozan de presunción de legalidad y de obligatorio cumplimiento, por lo que los desembolsos respectivos se han venido ejecutando, incluso en el 2015, hasta tanto un fallo judicial diga lo contrario.
Sin embargo, de acuerdo con los conceptos emitidos por la Función Pública y las actuaciones especiales de la Contraloría, de las 41 demandas interpuestas ante las respectivas instancias jurisdiccionales por la actual administración de la corporación, tres de ellas han sido falladas a favor del Congreso, por jueces de la república, una ya se dejó de pagar.
Los demás casos se encuentran en fase de estudio ante las instancias respectivas.
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