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La Fiscalía General de la Nación reportó en su más reciente informe técnico que desde que estalló a finales del año 2016, el escándalo del pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para buscar acceder a mega-obras de infraestructura en el país, ya han sido judicializadas cerca de cien personas.
En el reporte conocido por La FM se señala que en desarrollo de las más de 90 actuaciones judiciales practicadas y ejecutadas en desarrollo de estas investigaciones, se adelantan 39 indagaciones preliminares, se han formulado 3 imputaciones de cargos, 8 acusaciones y 5 procesos se encuentran en etapa de juicio.
La Fiscalía también logró llegar a un acuerdo con los implicados en el escándalo de sobornos de Odebrecht para que reintegren un total de 24 mil millones de pesos.
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De acuerdo con los investigadores el pasado 17 de enero se hizo efectivo el primer pago por más de 6.300 millones de pesos, y se establecieron otros dos cuotas, la última de ellas, prevista para el 31 de enero de 2020, por la cuales el Estado colombiano recibirá el pago total de 6.5 millones de dólares.
Durante este año un juez especializado de extinción de dominio dictó sentencia para la afectación definitiva de acciones por valor de 2 millones de dólares de la sociedad Pacific Infrastructure Venture Inc. (PINF), que aparecen a nombre de Oil & Gas Logistic, en relación con el proceso que se adelanta contra el exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales.
Igualmente, se viene trabajando con el principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía a Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha, exdirectivos de la firma brasilera Constructora Norberto Odebrecht, implicados en las investigaciones adelantadas por la adjudicación del contrato Ruta del Sol II.
En relación con las líneas de investigación, compuestas por 35 noticias criminales, son un total de 13 fiscales quienes vienen adelantando cada proceso, como producto de su larga trayectoria en la institución.
En el caso de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, cuyo caso fue desarchivado por el exfiscal ad hoc porque encontró nuevas elementos, el actual investigador está a la espera de los resultados de las órdenes de policía judicial y del análisis de pruebas para que un fiscal delegado ante la Corte revise y determine el curso que tomará el respectivo proceso.
Por este caso han sido proferidas 11 condenas, una de ellas la emitida de 11 años y siete meses de prisión contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, la cual se convirtió en la sentencia más alta en Colombia hasta la fecha por el escándalo del pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.
Melo fue hallado responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Esto por la entrega en diciembre de 2009 de 6,5 millones de dólares al entonces gerente del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Gabriel García Morales para que adjudicara el contrato de la Ruta del Sol II a un consorcio conformado por Odebrecht y Corficolombiana.
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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exsenador Plinio Olano Becerra dentro del proceso que se le adelantó por el escándalo de Odebrecht. El alto tribunal determinó que durante el juicio no se pudo demostrar que el excongresista hubiera utilizado sus cargos e influencias para beneficiar a la multinacional brasileña.
Asimismo, luego de varios aplazamientos, primero en agosto y luego en septiembre pasado, para este martes 10 de diciembre fue fijada la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los empresarios Esteban Moreno, David Portilla y Andrés SanMiguel, quienes se señala conocen en detalle qué ocurrió con unos aparentes contratos falsos de Odebrecht por cerca de 4 mil millones de pesos para la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos.
Se espera Juan Manuel Santos, rinda versión libre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre este próximo 11 y 16 de diciembre dentro del caso por el supuesto ingreso de dineros de Odrebrecht a la campaña de reelección del 2014.
¿Que haría el nuevo fiscal?
Uno de los temas clave objeto de entrevista por parte de la Corte Suprema a los tres ternados al cargo de Fiscal General fue el caso Odebrecht.
Frente al caso Odebrecht, Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, manifestó el ente investigador está en mora de resolver todo este rompecabezas judicial para procesar a todos aquellos que tuvieron relación con este escándalo de corrupción.
"Los colombianos no hemos tenido resultados", precisó. En este sentido indicó que no se ha tomado una sola decisión sobre la supuesta financiación de la multinacional a las campañas presidenciales.
A su turno, Camilo Gómez Álzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y también ternado al cargo de Fiscal general manifestó que es necesario conocer a fondo qué fue lo que ocurrió e identificar a todas las personas que tuvieron relación con el pago de sobornos.
Considera que todos aquellos procesados que se comprometieron a colaborar con las autoridades judiciales deben contar toda la verdad y no dar versiones segmentadas.
A su turno, el Alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, propuso que dos de los 13 fiscales que conocen estos proceso deberían dedicarse en su totalidad a las investigaciones y buscar una mayor colaboración con Brasil, ya que se trata de una investigación que necesita respuestas firmes y rápidas.
Los dineros del PAE
En otro informe la Fiscalía General reveló que a la fecha están siendo investigados un total de 70 personas por el desvío de millonarios recursos de los Programas de Alimentación Escolar (PAE), en el país.
Según los investigadores de policía judicial del total de procesados 19 son servicios públicos, 24 exfuncionarios y 27 particulares.
De acuerdo con los peritos a cargo de este caso los contratos y convenios en relación con estos programas han comprometido recursos por más de 65 mil millones de pesos.
Los fiscales también identificaron las zonas más afectadas por este desangre a los recursos del PAE, en el cual se destacan regiones como la Guajira, Atlántico, Cesar, Chocó, Bogotá, Sucre, Amazonas, Magdalena, Huila y Cauca.
Otras de las regiones más afectadas por estas actuaciones son Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Magdalena y Córdoba.
La Fiscalía precisó que todas estas investigaciones son relativas a hechos sucedidos antes del 30 de junio de 2018, y la gran mayoría de los casos por episodios ocurridos en los años 2015, 2016, 2017.
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación ocupó, con fines de extinción de dominio, bienes por más de 30 mil millones de pesos a Germán Trujillo Manrique, investigado por hechos de corrupción en el (PAE) en Santander.
Este caso fue uno de los más sonados en atención a que se estableció que en 2016 la Gobernación de Santander adjudicó a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda. el suministro de alimentación para 124.892 estudiantes de 82 municipios, por un valor total de 35.767 millones de pesos, el dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento.
Por si fuera poco, se estableció que, los contratistas implicados presentaron facturas y cuentas de cobro por la compra de tamales por 30 millones de pesos a una empresa de grúas en Acacías (Meta) y la compra de mercados a una empresa transportadora de Algeciras (Huila), cuya sede quedaba a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal.
En otro de los casos más recientes, la Fiscalía descubrió en el Atlántico otra red de corrupción de la que presuntamente hacía parte el secretario de educación departamental, Dagoberto Barraza y otras tres personas , que se valían del registro de niños fantasma para defraudar al estado con los recursos del PAE.
Los investigadores detectaron graves irregularidades en la adjudicación de un contrato por $7.500 millones para el suministro de alimentos a alumnos de colegios públicos de 20 municipios del Atlántico, en las vigencias 2016 y 2017.
Los peritos encontraron que se falsificaron las planillas que eran presentadas durante las interventorías para sustentar pagos millonarios y se manipularon firmas de los rectores.
