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La Corte Constitucional advirtió que aunque las víctimas desistan de las denuncias por violencia intrafamiliar, es deber de las autoridades desarrollar las investigaciones para descartar presiones por parte del victimario.
El alto tribunal consideró que en casos no solo de violencia intrafamiliar, sino contra la mujer, la Fiscalía debe ejecutar un programa de acompañamiento para verificar que las denuncias estuvieron con los suficientes soportes para hacer mover el aparato judicial.
En el caso en particular, la Corte falló una tutela en la que si bien se evidenció el desistimiento de la mujer agredida frente a la denuncia puesta por su expareja, fue necesario solicitar a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía desarrollar acciones tendientes a esclarecer los motivos que la llevaron a no continuar el proceso penal.
Para la Corte Constitucional es clara la necesidad de "determinar si la decisión adoptada por la ciudadana, de retirar los cargos por lesiones personales, así como la de abandonar el programa de protección, obedece a su voluntad libre y autónoma, o, si por el contrario, tuvo lugar por la coacción, directa o indirecta, de su agresor".
De igual forma, ordenó en este caso la verificación por parte de la Comisaría de Familia con visitas periódicas que evidencien que este tipo de acciones violentas contra la mujer y sus hijos no vuelvan a presentarse.
