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Representante Alirio Uribe denunció a Peñalosa por falsedad ideológica y prevaricato

El congresista aseguró que el alcalde decretó el estado de emergencia sanitaria sin los argumentos requeridos, generando gastos innecesarios.

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Actualizado:
Viernes, Noviembre 11, 2016 - 04:21
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Colprensa

El representante Alirio Uribe presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la cual acusa al alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa de incurrir en falsedad ideológica y prevaricato. Para el congresista, el decreto de emergencia sanitaria en la capital fue emitido con argumentos que no eran ciertos ni comprobados, como en su momento se indicó.

Uribe indicó que la denuncia la hace luego de analizar los documentos que en su momento Peñalosa utilizó como sustento para tomar esta medida, manifestando que el supuesto estudio que realizó la Alcaldía para decretar la emergencia se basó en una tesis de grado que se realizó para otros efectos.

“Ese estudio de capacidad de respuesta hospitalaria, que nunca se hizo por parte de la Alcaldía, trajo a colación una tesis de grado, que se había hecho para otros efectos que tenían que ver con la capacidad de respuesta en caso de terremotos o catástrofes como estas”, argumentó.

Así mismo, el legislador aseguró que a través de los documentos que solicito al Distrito en lo concerniente a un hacinamiento en los hospitales de la ciudad, se pudo corroborar que no era cierto que existiera una congestión del 300 % en la red privada y 250 % en la red pública, como lo justificó la administración para decretar la emergencia.

“Cuando preguntamos sobre el supuesto hacinamiento hospitalario en las salas de urgencias, nos encontramos que precisamente el 2016 tiene los índices más bajos en cinco años, donde la ocupación de los servicios de urgencias de Bogotá no eran del 250 % ni del 300 %, solo eran apenas del 78 %”, añadió.

Según el congresista, esa crisis sanitaria se hizo para tomar medidas en un estado de emergencia inexistente, lo que le permite concluir que se querían hacer contrataciones directas sin pasar por la Ley 80.