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La Procuraduría General de la Nación expresó su indignación ante la decisión del juez 29 de garantías de Bogotá, quien al argumentar vencimiento de términos, concedió la libertad al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, investigado por el escándalo del Cartel de la Toga.
Para el procurador Fernando Carrillo, es claro que debería haber una investigación disciplinaria en la Rama Judicial “transcurridos dos años de inactividad y dejar vencer los términos, claramente es una conducta disciplinaria”.
Carrillo lamentó los retrasos en las investigaciones que adelanta la Fiscalía y las demoras en el sistema judicial.
Por su parte, la Fiscalía a través de un comunicado recordó que entre los días 22 y 23 de septiembre de 2017 se realizaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
“La Fiscalía ha asistido a todas las audiencias programadas, no ha solicitado ningún aplazamiento, no ha interpuesto ningún recurso, sus intervenciones han sido breves”, destaca el documento.
Asegura que "el 12 de diciembre de 2017 presentaron el escrito de acusación contra el exmagistrado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada".
“Esas son las únicas fechas a cargo de la Fiscalía. Ni un solo día le es atribuible”, puntualiza el comunicado.
El exmagistrado Ricaurte actualmente es testigo en el juicio que avanza en la Corte Suprema de Justicia contra el exmagistrado Gustavo Malo, señalado de hacer parte del entramado de corrupción y sobornos en el alto tribunal.
