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De acuerdo con un portavoz del Gobierno Nacional, el presidente Iván Duque objetó el proyecto de ley que buscaba dar medidas diferenciales para mujeres cabeza de familia privadas de la libertad, por considerar que el proyecto podría beneficiar las estructuras ilegales "y convierte a las mujeres en un medio para seguir alimentando el mercado".
De acuerdo con el texto que el presidente Duque remitió a la Mesa Directiva del Congreso, el proyecto "va en contravía de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar severamente –con pena privativa de la libertad– ese tipo de conductas".
Para el Gobierno, las medidas afirmativas contempladas en el proyecto para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, más allá de darles la oportunidad a quienes cometieron delitos menores de pagar sus penas con trabajo comunitario "ponen en inminente peligro intereses superiores que el Estado debe proteger adecuadamente como son, entre otros, la seguridad pública, el patrimonio económico y la salud pública”.
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En las objeciones presentadas, el Gobierno señala que se opone a que se apliquen penas entre 6 y 8 años.
“Va más allá del beneficio que pueda producir en materia de alternatividad penal, porque genera un incentivo perverso para la comisión continuada de tales conductas, ante la circunstancia de no ser perseguida adecuadamente por el Estado con la severidad que las mismas exigen”, señala el Gobierno.
El Gobierno también pidió que la medida se replantee para que se extienda de igual forma a los hombres encargados de sus familias.
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que los hombres, que también contemplan la jefatura de un hogar conformado por menores de edad, también merecen una especial protección constitucional por parte del Estado”, advierte el texto.
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