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Día tras día se conocen nuevos detalles de las irregularidades que rodearon el proceso de licitación del contrato 1043 del 2020 por medio del cual el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información (MinTIC) buscaba construir 10 mil centros digitales para brindarle conectividad gratuita a 14.745 colegios de zonas apartadas del país.
El billonario contrato del ‘Proyecto 10K’ le fue adjudicado el 10 de diciembre a la Unión Temporal Centros Poblados –conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S-. Para el inicio del mismo se les entregó como anticipo 70 mil millones de pesos para la compra de equipos. Sin embargo, los meses pasaron y el contrato nunca se puso en marcha como lo indicaba el cronograma.
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La Unión Temporal recibió el contrato para conectar 7.277 centros educativos en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, D.C. Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Sin embargo, en esas zonas poco o nada se vio de la creación de los centros digitales.
Tras la apertura de la investigación se estableció que los documentos presentados por Centros Poblados fueron falsificados para poder cumplir con todos los requisitos que exigían para el proceso licitatorio. Entre estos se encontraban pólizas y seguros de bancos para darle un soporte financiero a la propuesta.
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La Fiscalía General encontró que se conformó una compleja estructura que se distribuyó tareas para ir planeando el proyecto ante la licitación. Muchos viejos conocidos aparecieron en escena en este caso, entre ellos el contratista Emilio Tapia Aldana –condenado en dos oportunidades por casos relacionados con el ‘carrusel de la contratación’.
Pero Tapia no fue el único vinculado con este escándalo de corrupción que tuvo su participación en este caso. El exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz apareció también en la lista de personas que “dieron su granito de arena” para la estructuración del proyecto licitatorio. En la misma línea apareció Inocencio Mélendez –exsudirector jurídico del IDU- quien habría aportado sus conocimientos al tema.
Pero la lista no para ahí, Guido Nule Amín y Mauricio Galofre Amín –quienes hacían parte del denominado Grupo Nule- habrían colaborado activamente con la estructuración y posterior presentación de la propuesta ante el MinTIC. Los empresarios habrían tenido un acercamiento al tema por medio de su familiar, Alfredo Amín Jesús.
El ente investigador indicó que Alfredo Amín fue pieza fundamental en la obtención de las pólizas falsas a nombre del Banco Itaú y la carga de los documentos al sistema para participar en el proceso licitatorio. Entre los tres habrían organizado la estrategia para la presentación de la oferta y así resultar beneficiados con el contrato avaluado en 1.3 billones de pesos.
Fue así como el 28 de octubre del 2020 la Unión Temporal resultó ganadora del billonario contrato. Esto teniendo en cuenta que cumplían con todos los requisitos exigidos por el MinTIC para la creación de estos centros digitales.
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Para armar este rompecabezas la Fiscalía General cuenta con la declaración de dos testigos que tuvieron conocimiento directo y claro sobre la forma en cómo se conformó esta estructuración y los roles de cada uno de ellos.
Por estos hechos ya fueron imputados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá); Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros.
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