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La transportadora de gas, Promigas, decidió interponer ante el Consejo de Estado una acción de tutela con el fin de frenar el fallo que emitió el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, en el que se obliga a esta empresarial y al Ministerio de Minas y Energía a pagar una indemnización de $3.7000 millones por el atentado perpetrado por las Farc contra el gasoducto Ballenas-Barranquillla.
Este hecho terrorista ocurrió en el año 2001, en zona rural de Riohacha. Luego del fallo, Promigas decidió interponer este recurso legal con el fin de dejar sin efecto la decisión, alegando su derecho al debido proceso y al buen nombre, ya que según la compañía nada tuvo que ver con el ataque terrorista.
Además, indicó que se habría presentado una indebida interpretación de la ley, ya que terminó por endilgarle la responsabilidad de este hecho tanto a la empresa como al Estado.
