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Según el documento de la Procuraduría, hay que garantizar el aumento de pie de fuerza en poblaciones como Barranquilla, Buenos Aires, Caño Tigres y Lagos del Dorado, lugares en donde se registran las denuncias en contra de disidente de ese grupo armado.
Para el Procurador General, Fernando Carrillo, la solicitud al Gobierno nacional se hace “con el fin de impedir que esos grupos disidentes continúen propagando el caos y el terror en la región y cese el reclutamiento ilegal de los niños, niñas y adolescentes”.
Consideró el Procurador General, que las medidas se hacen urgente en cumplimiento de los deberes constitucionales para ‘prohibir y castigar severamente esta práctica que atenta no solo contra nuestro ordenamiento jurídico sino contra el Derecho Internacional Humanitario’.
Ante la situación, la Procuraduría anunció el acompañamiento a las medidas que sean adoptadas por el Gobierno Nacional, frente a los hechos denunciados y así proteger a la población civil.
