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En una comunicación remitida al fiscal general, Eduardo Montealegre, la Procuraduría anuncia su respaldo a la decisión del ente investigador de revisar los indultos y estudiar posibles imputaciones a integrantes del M-19 por la toma del Palacio de Justicia.
"Los mandos del M19 no han revelado en un proceso judicial la verdad completa, detallada y exhaustiva sobre su responsabilidad en los hechos. No han relatado cómo, con quiénes, con qué auxilio, con qué recursos y cuáles eran los detalles de la toma y de las acciones posteriores a ésta. Las víctimas y la sociedad colombiana tienen derecho a saber y el Estado la obligación de establecer la verdad a través de procesos judiciales", dice la carta.
Asegura el procurador general, Alejandro Ordóñez, que hay delitos de lesa humanidad que no se pueden olvidar aunque hayan pasado 30 años.
"A pesar de que trascurrieron 30 años, el Estado colombiano no ha cumplido con la obligación derivada del derecho internacional de investigar, juzgar y condenar a los mandos del M-19 que planificaron y ordenaron la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Hasta la fecha no existe sentencia contra ningún miembro de la cúpula de esa organización", se añade.
Es por esto que el jefe del ministerio público le pide a la Fiscalía que actúe con contundencia.
"Por lo anterior, le solicito adelantar las diligencias que correspondan, en el marco de su competencia, para que se investigue, juzgue y si es del caso se les condene, al igual que a los demás miembros del grupo que hayan participado en el diseño, ejecución y orden de dicha operación criminal", apunta el procurador.
