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La Procuraduría respaldó la solicitud de enviar a la cárcel a Isaías Chalá, alcalde de Quibdó, al considerar que representa un peligro para el proceso, el cual podría obstruir.
Junto a Chalá, son procesados Rodolfo Nelson Córdoba Pino, supervisor del contrato, y Emir Borja Palacios, contratista.
La representante del Ministerio Público en este proceso consideró que existen motivos graves y fundados para inferir que los detenidos podrían, en sus condiciones personales como servidores públicos, destruir ocultar, dirigir o modificar las pruebas.
Agregó que entre las irregularidades detectadas se encuentran la de suprimir obras que ya habían sido pagadas y que no cumplieron con las especificaciones técnicas, modificar y variar las cantidades de las obras sin soportes técnicos y autorizaciones correspondientes, sobredimencionar precios afectando el patrimonio público y la eliminación de cantidades que no se realizaron y sobre las cuales no se pidió la devolución del dinero.
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“En este caso se demostró por parte del ente acusador que es necesario y urgente afectar con medida de aseguramiento de carácter intramural a los imputados para garantizar este proceso”, consideró la Procuraduría.
El contrato para la construcción de un centro de salud asciende a los $ 4.944’395.314.
Chalá Ibargüen es procesado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Según el ente investigador, el peculado por obra no ejecutada y pagada asciende a los 403 millones de pesos, los cuales fueron entregados al contratista, pero la obra nunca se ejecutó a cabalidad.
Luego de escuchar a los abogados defensores del alcalde de Quibdó y otras tres personas, la juez de control de garantías decidió suspender la audiencia de medida de aseguramiento para este jueves.
