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La Procuraduría General le solicitó a un juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla revocar la prisión domiciliaria que tiene el contratista Emilio Tapia Aldana para que cumpla en centro carcelario su condena por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá.
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Esto debido a que la resocialización de Tapia no ha sido genuina, esto teniendo en cuenta que ha estado involucrado en el escándalo por las irregularidades en la licitación para el contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
El Ministerio Público llamó la atención sobre el hecho que Tapia, estando con detención domiciliaria, hubiera viajado de Bogotá hasta Medellín y posteriormente a Córdoba sin una autorización. Esto demuestra -según la petición- una "burla a la justicia" y un incumplimiento a las obligaciones como condenado.
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Dichos viajes representan un "desconocimiento por parte del señor Emilio José Tapia Aldana de las obligaciones por él adquiridas al serle concedida la prisión domiciliaria por parte del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, inclusive utilizando, con ilegales propósitos, el domicilio en el que una autoridad judicial dispuso que debía permanecer privado de la libertad".
Esta actitud genera "serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración" con las autoridades de justicia.
En otro de los apartes de la solicitud, el organismo de control disciplinario le pide a la Fiscalía General para que se investigue a servidores públicos "que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Emilio José Tapia Aldana incumplir las obligaciones que le habían sido impuestas al concederle prisión domiciliaria y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en sede de ejecución de penas".
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El pasado viernes 24 de septiembre un juez de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Tapia en el proceso que se adelanta por las irregularidades en el proceso de licitación para el billonario contrato.
La Fiscalía General le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Esto por presuntamente haber buscado y presentado documentos falsos para participar en el proceso licitatorio.
Tapia fue condenado por su responsabilidad en las irregularidades en la licitación del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en la capital de la República durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.
Posteriormente, fue sentenciado por lavar activos de bienes obtenidos con los recursos del desfalco al Distrito en este escándalo de corrupción.
