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La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra el exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, por su presunta omisión de preservar los intereses del departamento en el Fondo Ganadero del Meta (FGM) y por posible extralimitación en sus funciones al asumir obligaciones crediticias de Llanopetrol.
En el caso del fondo ganadero, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública investiga a Jara Urzola, al representante del departamento ante el Fondo Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, que a su vez era el secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado especial del gobernador ante la asamblea general de accionistas del Fondo Ganadero del Meta; y a Néstor Ányelo Martínez Aldana, exgerente y representante legal del FGM.
El ente de control busca establecer si se presentaron posibles irregularidades en la administración del fondo, que tuvo como socios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Gobernación del Meta. Al parecer, los accionistas mayoritarios no tomaron las decisiones dirigidas a cumplir con obligaciones establecidas en el acuerdo de reestructuración del fondo ganadero, lo que habría llevado a su liquidación y a un eventual detrimento patrimonial para el departamento.
En el caso de Llanopetrol investiga si la Gobernación del Meta habría asumido obligaciones crediticias de la empresa de petróleos como si se tratase de deudas propias del departamento. Por este caso se investiga además del exgobernador al exsecretario de Hacienda, Jairo Frías Carreño; exgerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, y al exgerente de la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), Ricardo Rodríguez Henao.
Entre las pruebas que figuran en el expediente están cinco otrosíes firmados por el exgobernador Jara Urzola para avalar estos compromisos financieros en su totalidad. Según el informe de la auditoría practicada por la Contraloría Departamental del Meta, la gobernación pagó una deuda adquirida por la empresa de petróleos aduciendo un crédito de tesorería, sin que hubiera celebrado convenio o contrato alguno, y sin que se hubiera expedido certificado ni registro presupuestal.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales a fin de esclarecer los hechos objeto de investigación.
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