Alimentación escolar
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Foto: Colprensa
14 Jun 2018 04:09 PM

Procuraduría investiga al gobernador de Norte de Santander por PAE

También están en la mira funcionarios de la Alcaldía de Cartagena y gobernadores (e) de Norte de Santander y Putumayo.
Carolina Restrepo
Carolina
Restrepo Chica
@carorestrepo__

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, por presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro convenios para ejecutar el PAE, por un monto superior a los 51.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, la Gobernación “omitió los principios básicos de la contratación”, adjudicando convenios de forma directa y no por convocatoria pública. 

El Ministerio Público señaló que dichos convenios fueron otorgados a la Corporación de Desarrollo Social Tanai Jawa entre el 25 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2017.

La investigación disciplinaria también cobija a la gobernadora encargada Sonia Arango Medina, y a la secretaria de Educación del departamento, María Fabiola Cáceres Peña.

En el Putumayo la investigación es al gobernador encargado,Óscar Darío Mallama Quetama, y a otros dos funcionarios de la administración. 

Supuestamente ellos entregaron a la unión temporal El Putumayo Somos Todos 2017, conformada por Seval Logística y la Fundación SAC de Colombia, un contrato por más de $9.900 millones para el suministro de alimentación a estudiantes de las instituciones educativas del departamento en ese año. 

De acuerdo con el caso, el contratista no contaba “con los estudios técnicos y financieros precisos que permitieran establecer el presupuesto oficial de la licitación pública y soportar el valor estimado”, llevando a sobrecostos por más de 26 millones de pesos en los precios de las raciones alimenticias. 

La indagación también salpica al secretario de Educación del departamento, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y al jefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano.

En Cartagena la Procuraduría busca establecer responsables en la Alcaldía por presuntas irregularidades presentadas en la planeación y selección del operador del PAE en la ciudad.

La medida fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Cartagena tras la decisión de la Secretaría de Educación de declarar desierta la convocatoria pública que buscaba contratar al operador del servicio para 2018.