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De acuerdo con el documento de la Procuraduría, el proceso disciplinario buscará determinar las presuntas responsabilidades de los funcionarios en el contrato con vigencia 2017-2018 en los cuáles deben garantizarse la prestación de este servicio esencial de las personas privadas de la libertad.
Para la Procuraduría es necesario conocer si el proceso contractual se cumplió dentro de los parámetros establecidos en las normas para desarrollar este tipo de convocatorias.
De igual forma, se busca conocer “las actas y directrices del Consejo Directivo de la Uspec, donde se hubieren abordado la política, las directrices, el presupuesto y el seguimiento al proceso contractual relacionado con la alimentación para la población privada de la libertad para la vigencia 2017-2018, adelantado por la Uspec”, señala el documento.
Según la Procuraduría, la Uspec tendrá 30 días de plazo para enviar la documentación requerida y el material que corresponda para conocer las actuaciones que se dieron en este caso.
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