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En decisión de primera instancia dada a conocer en audiencia pública, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a Edilberto Ramón, exalcalde de Florencia (Caquetá) por realizar un pago de más de 870 millones de pesos a la empresa Servintegral, sin contar con un certificado de disponibilidad presupuestal y usando dineros de vigencias futuras sin la autorización del consejo municipal
El ente de control advirtió que con este acto irresponsable por parte del funcionario se desprotegieron los intereses patrimoniales del municipio de Florencia.
Para el ente disciplinario el exfuncionario desatendió el artículo 82 del Estatuto Orgánico de Presupuesto que señala que “todos los actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiaciones suficientes para atender estos gastos".
"En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o exceso del saldo disponible. (…) Cualquier compromiso que se contraiga con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones”.
Las conductas del exalcalde fueron calificadas como grave y gravísima cometidas con culpa gravísima.
