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La Procuraduría General de la Nación se opuso a que el caso de dos exfuncionarios de la Fiscalía señalados de realizar interceptaciones ilegales, sea asumido por las Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Esa entidad le pidió a la JEP que niegue la petición de sometimiento de Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, implicados en un escándalo de interceptación ilícita de comunicaciones, cuando se desempañaban como empleados de la Fiscalía General de la Nación.
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En ese sentido, la Procuraduría señaló que ese tipo de hechos no tienen ninguna relación con el conflicto armado.
Sin embargo, Martínez Lugo dice que si lo aceptan en ese tribunal especial, hablará sobre varios casos de interceptaciones ilegales que se habrían hecho desde la Fiscalía y que estarían relacionados con "el conflicto armado, la firma del Acuerdo de Paz y el desarrollo del periodo de implementación, (...) como mecanismo para destruir la Paz y la Reconciliación".
El exfuncionario manifestó también que “existe al interior de la Fiscalía General de la Nación mecanismos de interceptación ilegal, que actúan con el conocimiento del fiscal general de la Nación, quien delega en grupos especiales tareas para el uso de salas de interceptación telefónica y de datos sin órdenes judiciales”.
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En el concepto que la Procuraduría le envió a la JEP, se destaca que “lo que influyó en los señores Gómez Góngora y Martínez Lugo para realizar la conducta, fueron motivaciones personales y no la existencia del conflicto armado”.
Luis Carlos Gómez Góngora quien se desempeñaba como coordinador de la Sala Zeus de la Fiscalía, fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
La condena en su contra se relaciona con las interceptaciones ilegales a los miembros del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).
Por su parte, Fabio Augusto Martínez Lugo, es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones.
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