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La Procuraduría General le solicitó a la Superintendencia de Sociedades que le envíe todos los soportes, documentos e información técnica que tuvo en cuenta a la hora de ordenar la liquidación de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., la cual estaba conformada por la multinacional brasileña Odebrecht y Corficolombiana.
Igualmente pidió formalmente las medidas adoptadas para proteger a los terceros de buena fe, ante lo que la Superintendencia de Transporte llamó “situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo”.
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El Ministerio Público llamó la atención sobre esta decisión puesto que se tomó días antes que un Tribunal de Arbitramento tomará una decisión de fondo frente a la acción de nulidad del polémico contrato y un fallo de acción popular que condenó a la Concesionaria al pago de 800 mil millones de pesos.
Debido a esto se manifestó que la decisión desconoció este precedente judicial. Para el órgano de control disciplinario todas las acciones de disolución y liquidación que se tomen en este caso deben respetar el fallo del Tribunal de Arbitramento, el cual deberá responder el monto del detrimento atribuible a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
“Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol II tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”, precisó el viceprocurador General ante la decisión tomada por la Superintendencia en los últimos días y que ha generado una gran polémica.
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En este sentido señala que dicha determinación pone en riesgo la efectividad del fallo de la acción popular que promovió la Procuraduría, donde la concesionaria y sus sociedades principales fueron condenadas al pago de 800 mil millones de pesos y a una inhabilidad de 20 años y se limitó el reconocimiento a terceros de buena fe hasta el saldo que tuviere disponible el proyecto en su fiducia.
Reseña que una vez agotados esos recursos estos recursos no procederían pagos adicionales con el presupuesto de la Nación. “Los colombianos no deben soportar ninguna carga fiscal adicional por el caso Odebrecht. Como Procuraduría nos oponemos”, aseveró el Viceprocurador General.
